El Movimiento Construye, Lista 25, se encuentra bajo escrutinio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
La causa: la ausencia de un informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2022. El juez encargado del caso, Ángel Torres, ha emitido un fallo que implica la cancelación del Registro de Organizaciones Políticas del mencionado movimiento.
La decisión de Torres conlleva la obligación para el CNE de ejecutar las medidas pertinentes relacionadas con los activos y pasivos de Construye, así como la notificación oficial de la sanción en un plazo máximo de 30 días.
Asimismo, se ha dispuesto el envío del expediente a la Fiscalía y la Contraloría General del Estado para un análisis exhaustivo de los ingresos y egresos del Movimiento durante el año 2022.
🔴#ATENCIÓN | Luego de la sanción contra el movimiento Construye por parte del @TCE_Ecuador, la líder de esa organización y exministra de Gobierno, @mariapaularomo, calificó a este hecho como "ilegal" y "arbitrario". pic.twitter.com/PRfQzuZFO4
— NotiMundo (@notimundoec) April 18, 2024
Sin embargo, María Paula Romo, líder de Construye, ha anticipado en sus redes sociales que percibe presiones gubernamentales sobre el TCE para disolver ilegalmente el movimiento. Esta afirmación se suma a declaraciones del asambleísta Jorge Peñafiel, quien sostiene que la sanción no debería ser la cancelación del movimiento, sino una multa administrativa por la tardanza en la presentación del informe económico.
“En un Ecuador que pierde la ‘guerra contra el narco’, sin empleo, y ahora ni siquiera luz, Noboa planea un nuevo distractor: el Gobierno presiona al TCE para la disolución ilegal del movimiento Construye”, posteó este jueves, 18 de abril.
Peñafiel argumenta que la demora se debió a dificultades financieras para contratar un contador, pero asegura que el informe fue entregado eventualmente.
Romo ha manifestado su desconfianza en el proceder del juez electoral y ha anunciado que apelarán la decisión, confiando en la intervención de «funcionarios probos». Además, anticipa la activación de mecanismos legales nacionales e internacionales para denunciar lo que considera una arbitrariedad y garantizar la participación del Movimiento en el panorama político nacional, incluyendo las elecciones de 2025.
