En la jornada de hoy, durante la Sesión N.º 30 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se abordaron importantes propuestas de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La comisión recibió a los asambleístas Esther Cuesta, Gissela Garzón y Henry Bósquez, quienes fundamentaron sus proyectos sobre esta materia.
Fernando Cedeño, presidente de la comisión, destacó la relevancia de las reformas propuestas, centrándose especialmente en la garantía de los derechos de los funcionarios legislativos en situaciones como la disolución del legislativo.
Durante la sesión, el legislador José Agualsaca propuso avocar el conocimiento de las reformas y unificar los proyectos presentados, obteniendo la aprobación de la moción con 9 votos a favor.
Principales puntos abordados
Se informó que existen 23 proyectos de reformas heredadas del periodo anterior, además de tres proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa.
La legisladora Esther Cuesta propone reformar los artículos 50 y 51 de la Ley de la Función Legislativa, enfocándose en el régimen de transición en caso de disolución de la Asamblea. Destacó la necesidad de evitar vacíos legales, haciendo referencia al decreto 741 emitido el 17 de mayo, conocido como «muerte cruzada», que afectó la soberanía popular.
También plantea un régimen de transición para revisar y verificar documentación en períodos de disolución legislativa como proyectos de ley y juicios políticos y, con ello impedir al ejecutivo decretar una «muerte cruzada» durante un juicio político, garantizar remuneraciones y beneficios de ley a funcionarios legislativos en un plazo máximo de 15 días.
“Más de 600 personas fueron desvinculadas, afectando a familias ecuatorianas que quedaron en el desempleo y sin las garantías laborales correspondientes, se vulneraron derechos laborales despidiendo a personas con discapacidad y mujeres embarazadas”, señaló la legisladora.
Gissela Garzón enfocó sus propuestas en el ámbito de género y ética, resaltando la ausencia de sanciones éticas a los asambleístas. Plantea la suspensión de funciones a legisladores bajo investigación y la inclusión de solicitudes de investigación en el Comité de Ética.
Por su parte, Henry Bósquez enfatizó la importancia de evitar la corrupción y obstaculizar investigaciones en el contexto de juicios políticos. Se opone a la «muerte cruzada» por considerarla una mancha en la vida democrática del país.
