La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que sea incluido en la agenda del Pleno del Legislativo.
La propuesta normativa tiene como objetivo dotar a la administración de justicia en el Ecuador de un régimen jurídico claro y que recoja aquellos criterios de especialidad, necesarios a la hora de generar mejores insumos en respuesta a las necesidades de los ecuatorianos.
El informe recoge las propuestas contenidas en los proyectos de Ley Reformatoria al Código de la Función Judicial; Ley para el fortalecimiento de la administración de justicia y la garantía del derecho a la cultura de paz, la seguridad integral y una sociedad libre de corrupción; Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial para garantizar la justicia paritaria; y, Ley reformatoria a varios cuerpos normativos para garantizar el acceso a una justicia especializada de mujeres víctimas de violencia sexual.
Previo a la aprobación del informe, la comisión desarrolló un amplio proceso de socialización del proyecto, con la participación proactiva y comprometida de la ciudadanía, con la finalidad de consolidar el diálogo directo con los distintos actores relacionados con la propuesta normativa, con el propósito de recibir la mayor cantidad de observaciones de instituciones públicas.
Acudieron autoridades de instituciones como la Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo, Asociación de Jueces de Pichicha, Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, colegios de abogados, representantes de la sociedad civil, así como de varios expertos en derecho constitucional, administrativo y de varios operadores de justicia y notarios.
En el informe se destaca que la administración de justicia es uno de los pilares en los que una sociedad fundamenta su democracia, al punto de poder señalarla como su razón de ser: promueve la convivencia pacífica, el acceso en igualdad de condiciones a la distribución de recursos, previene el cometimiento de ilícitos y protege los bienes jurídicos que en ella se valoran.
El informe recoge propuestas que pretenden facilitar el acceso a la justicia, al ampliar las materias que pueden ser de conocimiento de los consultorios jurídicos gratuitos; iniciativas legislativas que se orientan a fortalecer la formación de peritos al esclarecer los actores que se involucran en tal proceso.
En atención a la importancia que tiene la justicia constitucional en un Estado de derechos y justicia, como es el ecuatoriano, se pretende dar claridad desde la redacción de artículos relacionados con esta materia, en sujeción a criterios del máximo órgano de interpretación constitucional.
También se consideraron criterios de interculturalidad para garantizar la potestad jurisdiccional de la que goza la justicia indígena en el ámbito territorial de las comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades, de modo que su independencia y autonomía sea plenamente respetada.
La comisión resaltó que las propuestas que se recogen en el informe pretenden fortalecer el rol del Estado, en cuanto a su responsabilidad de administrar justicia y aportar para que el accionar de instituciones sólidas contribuya a una vida digna, a una cultura de paz, en la que el miedo y el acecho no determinen las decisiones de los habitantes del territorio ecuatoriano y cuya confianza en el sistema judicial les permita experimentar las garantías de la democracia.
