El presidente de Argentina, Javier Milei, lo definió como “un proyecto de ley que bien puede determinar el destino de nuestra patria”.

Pero el martes decidió retirar su emblemática Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -más conocida como “ley ómnibus”-, el paquete de normas con el que planeaba hacer una reforma liberal en el país.

Ocurrió después de que los principales artículos de la ley fueran rechazados por una mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, donde se venía votando el paquete de normas artículo por artículo, luego de que la pasada semana se aprobara en general, tras tres días de acalorados debates (que generaron violentas manifestaciones afuera del Parlamento).

La decisión del mandatario, quien ordenó desde Israel -donde se encuentra realizando su primera gira- que el paquete de leyes vuelva a comisiones, causó sorpresa, ya que significa que todo regresa al punto de partida. Es decir, ya no vale la aprobación en general.

Si el gobierno quiere volver a presentar la Ley de Bases, que hasta ahora consideraba la piedra fundacional de su plan de reformas, deberá realizar de nuevo todo el trámite parlamentario desde el comienzo.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló este miércoles que el gobierno no ha resuelto si volverá a presentar el proyecto, que incluía darle facultades extraordinarias al presidente para legislar sin tener que pasar por el Congreso, abría la posibilidad de privatizar varias empresas estatales, limitaba el derecho a la protesta y les daba mayores facultades a las fuerzas de seguridad, entre los puntos que generaban más resistencia.

El gobierno ya había reducido mucho la propuesta original -pasó de unos 660 artículos a unos 380 y se excluyeron los temas fiscales- con la intención de lograr su aprobación.

Tras su decisión de enviar el proyecto nuevamente a comisiones, el gobierno emitió un comunicado en el que apuntó los dardos contra los gobernadores, con quienes mantiene una puja por la distribución de la recaudación federal, diciendo que “tomaron la decisión de destruir la ley” a pesar de que antes se habían comprometido a apoyarla.

Por su parte, desde Israel, Milei acusó a los parlamentarios que rechazaron el paquete de ir en contra del mandato popular.

“La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar”, publicó en su cuenta de X (antigua Twitter).

“Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué”, continuó.

“Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, cerró, con su clásico latiguillo.

¿Y ahora?

El rechazo a la ley emblema de Milei dejó al descubierto una realidad que complicará cualquier plan del gobierno de volver a la carga en el Congreso.

Y es que, si bien el libertario ganó holgadamente las elecciones, su triunfo se dio en un balotaje.

En la primera vuelta electoral -la que vale para obtener escaños en el Congreso- sacó apenas el 30% y quedó segundo, a 7 puntos del kirchnerismo-peronismo, que logró la mayoría en ambas Cámaras.

Con esos resultados electorales, La Libertad Avanza hoy cuenta con unas 40 bancadas en la Cámara de Diputados y solo 7 en el Senado. Eso representa cerca de un 15% de todo el Congreso.

Incluso con los votos de aliados, como los legisladores del PRO (la fuerza del expresidente Mauricio Macri), la votación de la “ley ómnibus” mostró que no tiene suficiente músculo parlamentario.

Es por ello que algunos creen que no volverá a intentar que se apruebe su paquete de reformas en el Congreso.

Una alternativa podría ser que, en vez de otra “ley ómnibus”, el gobierno busque consensuar con la oposición punto por punto, y envíe leyes separadas con las principales reformas para las que logra sumar apoyo.

Sin embargo, el fracaso de las negociaciones con los gobernadores para aprobar la Ley de Bases mostró otro aparente punto débil de este gobierno: su falta de experiencia y capacidad de maniobra política.

“Hubo mucha mala praxis”, señaló el analista político de Radio Rivadavia Ignacio Ortelli.

“El gobierno decía que la ley estaba aprobada”, afirmó, en referencia a la confianza que parecía tener Milei antes de iniciar su viaje, que también lo llevará a Italia y el Vaticano.

Lo cierto es que La Libertad Avanza, el partido de Milei, recién llegó a la escena política en los comicios legislativos de 2021, y el propio Milei es un outsider, que se dedicaba a trabajar como economista en el sector privado y empezó a hacerse conocido como un excéntrico comentarista en programas de opinión, antes de saltar a la política hace apenas tres años.

¿Plebiscito?

Dado que el principal capital político de Milei es su triunfo en noviembre pasado, con casi un 56% de los votos, muchos en Argentina especulan con que el mandatario podría intentar gobernar realizando consultas populares.

Ya en el pasado había dicho que si no lograba que sus iniciativas tuvieran consenso político “llamaría a un plebiscito”.

Tras el fracaso de la “ley ómnibus” en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que Milei “tiene la decisión tomada” de avanzar con las medidas incluidas en el proyecto caído, y que “lo va a hacer con las herramientas que la Constitución le permite”.

“Hay que ver lo que la gente votó y la gente votó lo que propuso el presidente”, afirmó el portavoz.

La Carta Magna argentina permite que el Poder Ejecutivo realice consultas populares sobre proyectos de ley.

Uno de los plebiscitos más recordados en la historia argentina fue el que realizó el entonces presidente Raúl Alfonsín, en 1984, que fue clave para aprobar el Tratado de Paz con Chile, que puso fin al Conflicto del Beagle.

Pero esta herramienta tiene sus limitaciones. La principal es que no es vinculante. En otras palabras: sondea el parecer de la población, pero no puede suplantar al Congreso y usarse para aprobar una ley.

No obstante, la idea de los libertarios que apoyan esta opción es que sirva para presionar al Legislativo, bajo la idea de que si rechazan una norma que fue avalada por un plebiscito estarían votando “en contra del pueblo”.

Sin embargo, tanto detractores como partidarios del gobierno advierten que es un arma de doble filo: si el gobierno pierde un plebiscito, también podría perder legitimidad (y por ende gobernabilidad).

El caso más dramático se dio hace unos años en Reino Unido, cuando David Cameron convocó a un plebiscito sobre la salida del país de la Unión Europea, pensando que se rechazaría, y debió renunciar tras el sorprendente apoyo al Brexit.

En ese sentido, algunos en Argentina apuntan a varias encuestas de opinión que muestran una caída en la imagen del presidente en sus primeros dos meses en el poder.

Si bien sus índices de aprobación siguen en general por encima del 50%, muestran una baja de hasta 10 puntos en algunos de los sondeos.

Uno de las más recientes, de CB Consultora Opinión Pública, señala que la imagen de Milei cayó en todas las provincias argentinas, aunque solo en tres de los 24 distritos tuvo más rechazos que apoyos.

La mayoría de los consultores lo atribuye al fortísimo ajuste económico impuesto por el mandatario apenas asumió, que incluyó una devaluación del peso, que perdió mitad de su valor frente al dólar, y que ha causado enorme consternación en una población que ya padece una de las inflaciones más altas del mundo.