La consulta popular celebrada el domingo mostró el respaldo del país a las nuevas medidas de seguridad planteadas por el presidente Daniel Noboa en plena crisis de violencia.
Los ecuatorianos aprobaron 9 de las 11 preguntas, entre ellas las orientadas a combatir la crisis de seguridad que vive Ecuador, el país que en 2023 tuvo la tasa más alta de muertes violentas de América Latina.
El apoyo de las fuerzas armadas a la policía en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la extradición de ecuatorianos son algunas de ellas.
Del otro lado, las que no fueron respaldadas estaban con temas económicos que habían generado polémica, como la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.
Tras el sufragio -que tuvo una participación del 72%-, algunas de las propuestas aprobadas tendrán efecto inmediato pues se trata de cambios a la Constitución.
Mientras que otras deberán pasar por la Asamblea Nacional para ser debidamente tramitadas y aprobadas.
Pero ¿qué cambiará en el combate contra la violencia en Ecuador?
Rol de las fuerzas armadas
Uno de los grandes cambios tiene que ver con el rol de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado en el país andino.
Hasta ahora, la protección y el mantenimiento del orden público en Ecuador era un asunto exclusivo de la policía nacional. Como en muchos otros países de América Latina, los militares podían apoyar sólo cuando se declaraba estado de excepción (que tiene un plazo máximo de 90 días y se aplica en situaciones de emergencia).
Pero tras el referéndum, no se necesitará una declaratoria de estado de excepción para permitir el apoyo complementario de las fuerzas armadas a la policía nacional, que lo podrán hacer por un período de 180 días más otros 30 prorrogables.
Desde el último estallido de violencia que vivió el país el pasado 9 de enero, los militares han estado en las calles realizando operativos y controlando las cárceles ya que el gobierno declaró por primera vez al país en conflicto armado interno.
Los críticos consideran que con la aprobación de esta reforma a la Constitución se está abriendo un camino a la «militarización» del Estado ecuatoriano y plantean preocupaciones desde la perspectiva de los derechos humanos.
«Es una militarización cuasi permanente y supone un nuevo orden político donde las fuerzas armadas estarán en primera línea», le dijo a BBC Mundo antes de celebrarse la consulta Franklin Ramírez, sociólogo e investigador del programa de sociología política de Flacso en Ecuador.
Sin embargo, quienes la defienden aseguran que los militares pueden ser un respaldo clave para los policías en estos momentos convulsos que vive el país.
Esta propuesta no necesita pasar por la Asamblea Nacional y entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Registro Oficial.
Extradición
Otro cambio que se implementará tras la votación será permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos por delitos tipificados en la legislación de ese país.
Actualmente -y desde hace décadas- la extradición está prohibida en la Constitución ecuatoriana.
El expresidente Guillermo Lasso intentó implementar el cambio en una consulta popular que se hizo en febrero del 2023, pero fracasó.
Ahora, no obstante, Ecuador se sumará a otros países de América Latina como Colombia o México que permiten la extradición como un mecanismo legal para luchar contra el crimen organizado.
Noboa hizo hincapié en la necesidad de implementar esta medida con el fin de extraditar a «los más peligrosos».
Su aplicación, no obstante, tendrá algunas restricciones: se realizará bajo la condición de que no se aplique la pena de muerte y no se concederá por delitos políticos.
Para que esta medida se implemente, se debe enmendar la Constitución y sustituir el artículo 79, que es el que hace referencia a la extradición.
El profesor de Derecho Constitucional de la universidad del Azuay, Sebastián López, le explicó a BBC Mundo que, aunque este es un cambio que no necesita pasar por la Asamblea Nacional, sí se debe trabajar en el marco regulatorio que lo hará posible.
«Hay ajustes que tienen que implementarse, como convenios de extradición de Ecuador con otros Estados», señaló.
Aumento y endurecimiento de las penas
Los ecuatorianos también dijeron sí a la propuesta de la consulta popular que buscaba aumentar y endurecer las penas de ciertos delitos.
Estos son: terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
Para cumplir con esta propuesta, el presidente Noboa tiene un plazo de 5 días para remitir el proyecto al Código Orgánico Integral Penal. Luego, la Asamblea Nacional tendrá 60 días para debatir y aprobar esta medida.
«La Asamblea Nacional, sin embargo, no podrá votar en contra de la medida ni distorsionar el sentido de la pregunta porque sería no obedecer a la voluntad de los votantes, al mandato popular», señaló el constitucionalista Sebastián López.
Aunque para el gobierno ecuatoriano estas medidas son necesarias para luchar contra el crimen organizado, los críticos dicen que el endurecimiento de penas no resuelve los problemas en un país inmerso en una profunda crisis carcelaria.
«Sabemos que el incremento de las penas no necesariamente soluciona o disminuye la criminalidad», le dijo antes de la consulta a BBC Mundo Jorge Nuñez, codirector del Observatorio de Prisiones de Ecuador y profesor asistente de la Universidad de Ámsterdam.
«Lo que realmente hace es poner mucha más presión en los sistemas de cárceles y hacerlos más costosos. Si el Ecuador no tiene control de sus cárceles, ¿por qué esta podría ser una buena medida?», se preguntó el experto.
Judicaturas especializadas
Los ecuatorianos también aprobaron una propuesta que establecerá judicaturas especializadas en materia constitucional.
Actualmente, todos los jueces de las distintas materias de Ecuador pueden conocer garantías constitucionales. Pero tras la votación de este domingo, solamente los jueces constitucionales especializados podrán juzgar este tipo de garantías.
El hecho de que actualmente cualquier juez pueda conocer procesos constitucionales ha provocado, según los defensores de la medida, «no solo la congestión de causas», sino que «ha producido que jueces que no tienen formación en materia constitucional se distraigan de los casos que sí son de su ámbito de especialidad».
El gobierno, además, ha señalado que esta medida mejorará las sentencias.
Pero algunos expertos han planteado dudas.
De acuerdo con Sebastián López, “tener jueces constitucionales especializados es desatender el sentido constitucional actual que supone que todos los jueces deben conocer de esta materia”.
Adicionalmente, el abogado duda que esta medida solucione el tema de la carga procesal “puesto que la carga procesal ahora se concentrará en estos jueces constitucionales especializados”.
Esta reforma entrará en vigor en el plazo de un año desde su publicación en el Registro Oficial. En este período, se deberá organizar el proceso de selección de estos jueces que integrarán las judicaturas especializadas.
Tenencia, decomiso de armas y otras medidas
Los ecuatorianos también respaldaron la pregunta que planteaba que la tenencia o porte de armas y municiones se tipifique como delito.
En esta misma línea, también se apoyó la propuesta que dice que las armas que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la policía nacional o las fuerzas armadas.
Según el gobierno de Noboa, hasta diciembre de 2023 existían más de 40.000 armas de fuego y más de 490.000 municiones en centros de acopio de la policía nacional.
Los ecuatorianos también apoyaron una medida que busca simplificar el proceso por el cual los bienes de origen ilícito o injustificado pasan a ser propiedad del Estado.
Según el medio ecuatoriano Primicias, detrás de esta medida está la «poca efectividad» de la Ley de Extinción de Dominio, lo que llevó a Noboa a plantear esta propuesta que tiene como fin reducir el procedimiento existente para que el Estado se apropie de bienes ilícitos.
Finalmente, se aprobó una propuesta que hará que todas las personas privadas de libertad por delitos como financiación del terrorismo, reclutamiento de niños con fines delictivos, actividad ilícita de recursos mineros o extorsión, entre otros, no puedan acceder a un régimen carcelario «semiabierto» ni «abierto».
Es decir, quienes cometan estos delitos deberán cumplir la totalidad de sus penas en centros de privación de libertad cerrados.
