Proponen reformar la Ley de Educación Superior para eliminar la Senescyt

Ene 30, 2024

Lucía Posso, parlamentaria representante de la provincia de Imbabura, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), con la finalidad de modificar las atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior (CES) y garantizar su autonomía administrativa, financiera y operativa.

Esta propuesta, además de reformar los artículos 166 y 169 de la normativa vigente, propone derogar los artículos 183 y 184 de la misma, a fin de dejar sin funciones a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt).

“La Senescyt es inconstitucional de origen y violenta la autonomía universitaria, dejando a más de 200 mil jóvenes, en el último período, sin acceso a la educación superior”, sostuvo.

Esta institución sin respaldo técnico, ni base constitucional ha generando un importante impacto en el crecimiento del gasto en el sector público, con un aporte cuestionable al sistema de educación superior y usurpando atribuciones que naturalmente le corresponden al CES, subrayó.

La iniciativa busca, a decir de la asambleísta, corregir un error histórico en el Sistema de Educación Superior; eliminando una institución ajena al sistema, reasignando sus funciones, atribuciones y competencias al CES, devolviendo la autonomía a las instituciones de educación superior y contribuyendo a la reducción del tamaño del Estado, a través de la extinción de instituciones que no aportan al desarrollo de la educación superior del país.

También expresó que la Constitución establece únicamente dos instituciones para el manejo de la educación superior que son: el CES y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES). “Son estas las que deben encargarse de la rectoría de la política pública, planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior, de acuerdo con sus funciones constitucionales”, destacó.

“Es necesario mejorar estos procesos, para que los recursos mal invertidos regresen a las universidades y sean usados para ampliar sus cursos, pagar una mayor planta docente, mejorar sus sistemas e infraestructuras y dar abasto a los estudiantes que ahora se quedan por fuera de la universidad”, concluyó.


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