Presunto peculado en BanEcuador lleva a prisión preventiva a exgerente y 2 funcionarios más

Abr 6, 2024

Las presuntas irregularidades en el cobro del Bono de Desarrollo Humano de algunos beneficiarios, motivó a que la Fiscalía General del Estado inicie una investigación para determinar responsabilidades.

La Institución procesa a Langela Geoconda P. B., exgerente de BanEcuador, y a los funcionarios del área de caja, Stiven Javier A. R., Mercy Karina A. S., Diana Jessenia C. C. y Yessi Silvana V. O., por su presunta participación en el delito de peculado.

La Fiscal del caso solicitó al Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Shushufindi que ordene la prisión preventiva para todos, pero éste únicamente dictó dicha medida cautelar para los tres primeros.

La investigación fiscal develó una presunta trama de corrupción que perjudicó a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que entrega BanEcuador a personas necesitadas.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal explicó que Langela Geoconda P. B., en su calidad de gerente de la agencia de Shushufindi, habría organizado acciones para que sus subordinados –supuestamente– desvíen los dineros de, al menos, 386 personas.

La mayoría de afectados –dijo– tenían sus fondos acumulados y hasta desconocían ser beneficiarios de dicho bono.

Para conseguir su objetivo, Stiven Javier A. R. y Mercy Karina A. S. –cajeros– habrían utilizado copias de cédulas falsas para “legitimar” los retiros.

Diana Jessenia C. C. y Yessi Silvana V. O. –agregó la Fiscal– tendrían pleno conocimiento de estas irregularidades, pero no emitieron ninguna alerta ni evitaron el presunto cometimiento del delito de peculado, pese a que en sus manos estaba bloquear las claves del sistema de pago seguro que permite hacer los desembolsos.

Fiscalía determinó que los cobros alcanzaban cifras de 3.000, 6.000 y hasta 10.000 dólares diarios. Este dinero –presuntamente– era entregado al final de la jornada laboral a la exgerente Langela Geoconda P. B. en la cafetería de la agencia, para evitar ser captados por las cámaras de la entidad financiera.

Entre los elementos de convicción expuestos por Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos constan: imágenes de video periciadas, que corresponden a las grabaciones de seguridad que habrían captado el momento en que los cajeros hacían el cobro de los bonos.

También se incluyeron versiones de personas afectadas, un informe de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros y Régimen Tributario de la Policía Nacional, la denuncia del Gerente Zonal de BanEcuador, un listado de las personas a quienes se les cobró ilegalmente el bono, nombramientos y contratos ocasionales de los funcionarios procesados, entre otros.

La instrucción fiscal en este caso tiene un plazo de noventa días.



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