El presidente de la República, Daniel Noboa, compartió los resultados obtenidos tras declarar el estado de excepción en Ecuador y catalogar como terroristas a diversas organizaciones delictivas. En una entrevista con Teleamazonas, destacó la reducción de muertes violentas como un indicador de mayor seguridad para la población.
Resaltó la colaboración de la ciudadanía al denunciar a los vacunadores, gracias a la garantía de seguridad proporcionada por las fuerzas en las calles. Como resultado positivo, anunció la implementación de una semaforización del toque de queda, diferenciando regulaciones y horarios en distintos cantones, con el objetivo de impulsar la recuperación de sectores afectados por la crisis.
El mandatario expresó su determinación en no permitir que los grupos narcoterroristas afecten el modo de vida y el trabajo diario de los ciudadanos. Mientras que no descartó la posible extensión del estado de excepción por 30 días adicionales una vez concluido.
En relación con la crisis penitenciaria, anunció colaboraciones con Perú y Colombia para reducir el hacinamiento mediante la deportación de presos extranjeros y la construcción de nuevas cárceles. Además, abogó por una reorganización del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), incluyendo la presencia militar permanente en centros de privación de libertad.
También, destacó la importancia de la visita de la misión de Estados Unidos como un reconocimiento a los esfuerzos de Ecuador en detener a bandas narcodelictivas. Espera apoyo en armamento, tecnología, protección de fronteras y refinanciamiento de deuda externa.
En el ámbito económico, Noboa anticipó recortes de gastos administrativos por un total de mil millones de dólares y una reestructuración del personal gubernamental. Respecto al incremento del IVA del 12 al 15%, indicó que será temporal, con una duración mínima de 18 meses y máxima de dos años, para hacer frente a la situación actual en Ecuador.
Para asegurar ingresos adicionales, propuso un cobro adicional a la banca, descartando el impuesto al patrimonio para no afectar al sector agrícola. También planteó la solicitud de una moratoria de un año en la explotación del bloque 43 del ITT en el Parque Nacional Yasuní, argumentando que esto permitiría un mejor manejo de ingresos dadas las circunstancias económicas y sociales del país.
En cuanto a la focalización de subsidios, aseguró que se tomarán medidas para no afectar la economía, enfocándose en la eficiencia energética y el refinamiento nacional para evitar aumentos en los costos de los combustibles.
Finalmente, confirmó la propuesta de una consulta popular con 19 preguntas, retirando la referente a los casinos. Aspira a que este proceso democrático pueda llevarse a cabo el 10 de marzo de 2024 y destacó la importancia de la colaboración entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo para el bienestar de Ecuador.
