La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón explicó que esta propuesta normativa busca generar una nueva perspectiva del trabajo del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, para lo que es necesario reorganizar su estructura, derechos, obligaciones, régimen laboral y disciplinario, siempre respetando los parámetros legales, el debido proceso y los derechos humanos.
La parlamentaria explicó que sobre el tema existe normativa dispersa, desde reglamentos hasta protocolos, pero ninguno se basa en resolver el tema estructural y orgánico del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciara, por lo que su propuesta unifica y direcciona el accionar de esta fuerza complementaria, que tendría un nuevo nivel directivo, para generar mayor confianza y fortalecer las funciones de cada uno de sus servidores.
El proyecto reordena todo el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en lo que corresponde a la gestión de los servidores encargados de la seguridad penitenciaria. Para ello, establece nuevas atribuciones, competencias y obligaciones para el ente rector del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; genera una estructura del ente rector, reorganiza a los servidores y genera una nueva forma de jerarquía con funciones, competencias y prohibiciones absolutamente claras, sin aumentar el gasto público.
Inés Alarcón informó que el proyecto precisa los mecanismos de selección e ingreso para ser parte de este cuerpo, dignifica y resalta la importancia de este servicio público; norma un régimen disciplinario para controlar la actividad de los guías penitenciarios y sanciona inmediatamente hechos irregulares dentro de los centros de privación de libertad, incluso dependiendo de su gravedad la consecuencia es la destitución.
Además, crea un mecanismo de denuncia o información por presuntas faltas o irregularidades, mismo que obliga al ente rector a atender de forma inmediata y dar una respuesta eficaz y eficiente.
