¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Una de las estrategias propuestas por el Gobierno, en la consulta popular, es reducir los índices de criminalidad con el aumento de las penas para ciertos delitos asociados con el crimen organizado. Pero, el abogado experto en Derecho Constitucional, Gonzalo Muñoz, dice que aunque gane el ‘Sí’ no va a existir una reforma de manera directa. Y es que tocará al presidente de la República, Daniel Noboa, enviar un proyecto de ley en 5 días a la Asamblea Nacional para que ésta lo debata, tramite y apruebe.
Además, expone que aumentar las penas no disminuye el cometimiento de delitos, de acuerdo a estudios y ejemplos en países que tienen los más bajos índices de criminalidad. A esto, se suma que en la pregunta formulada por el mandatario, no consta a cuánto se van a aumentar las penas, lo que se traduce en que los ecuatorianos votarán únicamente por un concepto, no por algo concreto.
Considera relevante supervisar el proyecto que envíe el Ejecutivo al Legislativo, velando que no se afecte la dosimetría, es decir, la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la pena.
«Aumentar las penas, sin tomar otro tipo de medidas de carácter preventivo, es insuficiente para combatir la inseguridad».
Gonzalo Muñoz
Es así como a criterio del constitucionalista, esta pregunta fue innecesaria, toda vez que el presidente pudo haber enviado este proyecto de ley sin necesidad de recurrir a una consulta.
Las preguntas de referendo que plantean que las Fuerzas Armadas ejerzan una labor complementaria en la seguridad interna, la que plantea la creación de salas especializadas y juzgados en materia constitucional y tanto la de arbitraje internacional como del contrato por horas, si son fundamentales y trascendentales para institucionalidad del país.
No obstante, «el gobierno nos quedó debiendo» con las preguntas de consulta popular porque no ejercen un cambio directo, sino que dependen de que el presidente de la República envíe un proyecto de ley.
Piensa que pudieron haberse hecho cosas más importantes como un cambio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o un cambio de Consejo de la Judicatura y no únicamenre consultar al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo o no con la tipificación de ciertos delitos.
Desde su punto de vista, el crimen organizado, incluso trasnacional, se combate con la intervención de Fuerzas Armadas, así como con la ayuda internacional. Mientras que la delincuencia común se ataca con labor preventiva.
«Un Estado que garantice una igualdad de oportunidades a los sectores más vulnerables, alejará a los más jóvenes del cometimiento de delitos».
