Argentina conmemora este 24 de marzo 48 años del golpe de Estado que llevó al poder al último régimen militar y el país sigue teniendo una cuenta pendiente: aún no sabe con certeza cuántas víctimas dejó la dictadura.
“Hace décadas que estamos pidiendo que se abran los archivos. No sabemos dónde están, los militares los tienen bien guardados”, dice a BBC Mundo Taty Almeida, de 93 años, una de las referentes de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
La histórica organización fue formada en 1977 por un grupo de madres que buscaban a sus hijos “desaparecidos” durante el gobierno de facto que gobernó entre 1976 y 1983, e incluso antes, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, que lo precedió.
En estas cuatro décadas, Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de justicia: es uno de los pocos países que logró llevar ante tribunales civiles a sus opresores militares.
Más de 1.200 represores han sido condenados en cerca de 300 juicios civiles, según la Secretaría de Derechos Humanos.
Los esfuerzos de organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plazo de Mayo hicieron posible que se identifique a más de 130 niños -hoy adultos- que nacieron en cautiverio y fueron entregados en adopción por los mismos militares que torturaron y mataron a sus padres.
Los juicios permitieron echar luz sobre algunas de las prácticas más cruentas de lo que la Justicia argentina definió como un “plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio”, que se dio “en el marco de un genocidio”.
Por ejemplo, los llamados “vuelos de la muerte”, en los que se arrojaba sobre el Río de la Plata o el mar Atlántico -vivos y drogados- a algunos de los recluidos en los cientos de centros clandestinos de detención que había en el país.
Pero, a pesar de todos estos avances, y del trabajo infatigable del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -creado en 1984 para ayudar “en la recuperación, identificación y restitución de cuerpos de víctimas del delito de desaparición forzada entre 1974 y 1983”- todavía no se ha podido establecer el número total de víctimas.
Ante la falta de información, los organismos de DD.HH. debieron limitarse a estimar la cifra y concluyeron que los desaparecidos fueron cerca de 30.000, un número que con el paso de los años se convirtió en un emblema de la lucha por “Memoria, Verdad y Justicia”.
En las últimas dos décadas, esa estimación incluso adquirió carácter oficial, siendo la cifra de desaparecidos que actualmente cita la Secretaría de DD.HH.
Sin embargo, ese consenso de muchos años ahora está siendo cuestionado con la llegada al poder de Javier Milei y de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quienes sostienen además que lo que ocurrió durante la dictadura no fue un genocidio sino “una guerra” contra grupos subversivos, en los que se cometieron “excesos”.
Milei y Villarruel también pusieron en tela de juicio la estimación oficial de víctimas, asegurando que en realidad fueron menos de un tercio de lo que se ha dicho hasta ahora.
“#NoSon30Mil”
“No fueron 30.000 desaparecidos, son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia”, proclamó Milei durante uno de los debates electorales que se realizaron antes de los comicios.
Por su parte, en el debate de vicepresidentes, Villarruel resaltó que “en el Parque de la Memoria (un monumento dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado) hay 8.751 nombres”.
“¿Dónde están los demás?”, cuestionó a su rival oficialista, acusando al gobierno kirchnerista de hacer “carancheo (negocio) con los desaparecidos”.
Algunos de sus seguidores han replicado esta denuncia en redes sociales, bajo el hashtag “#NoSon30Mil”.
Allí sostienen que en el “Nunca más”, el informe presentado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que sirvió como base del histórico Juicio a las Juntas, figuran las denuncias de 8.961 desapariciones.
Y que incluso en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), creado durante el gobierno de Cristina Kirchner dentro de la secretaría de DD.HH., y que tiene información actualizada, figuran 7.018 desaparecidos y 1.613 asesinados -8631 víctimas en total- para el período comprendido entre 1966 y 1983.
Pero no solo seguidores de Milei cuestionan que haya habido 30.000 desaparecidos. Este debate ya había surgido de parte de algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), e incluso de una fuente inesperada: una madre de un estudiante desaparecido y famosa activista por los DD.HH.
Se trata de Graciela Fernández Meijide, una política que integró la Conadep -la comisón que escribió el informe “Nunca Más”- quien dijo en 2017 que la estimación “fue un invento de los exiliados argentinos en España” para llamar la atención sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo en el país.
“Yo no admito que haya dos números de desaparecidos. Uno era una necesidad, donde para argüir que había un genocidio se dijo lo de los 30.000; y el otro es el que está documentado”, dijo al canal de noticias LN+.
También cuestionó la verosimilitud de la cifra: “¿Me van a decir que hay 20.000 familias que no han denunciado la desaparición de un miembro? Explíquenme cómo, por favor”, señaló.
“Un símbolo”
¿Por qué, entonces, si hay cerca de 9.000 casos comprobados, la mayoría de los organismos de DD.HH. y el gobierno saliente aseguran que la cifra real de víctimas fue cercana a los 30.000?
BBC Mundo se lo preguntó al premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, un activista por los derechos humanos, que estuvo preso durante la dictadura, y fue reconocido con el galardón en 1980 por denunciar a los gobiernos militares de Argentina y el resto de la región.
“Cuando ocurren crímenes masivos, las cifras de víctimas siempre son una estimación”, explicó el docente y artista, de 92 años, que es presidente honorario del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
“¿Quién dice que sí o que no seis millones de judíos murieron en las cámaras de gas durante el nazismo? ¿O un millón y medio de armenios en el genocidio de 1914?”.
“La cifra de los 30.000 es un símbolo. Incluye no solo a los desaparecidos sino también a los torturados, a los exiliados”, afirmó.
Taty Almeida coincide en que “los 30.000 son un símbolo”, pero asegura que, para las Madres, es una aproximación real a la cifra de víctimas fatales.
“Los propios militares dijeron en 1978 que habían matado a 22.000 personas, y eso fue cinco años antes de que terminara la dictadura”, señaló.
Almeida se refiere a cables de julio de ese año, desclasificados en Estados Unidos en 2006, en los que el agente secreto de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) Enrique Arancibia Clavel informaba al gobierno de Augusto Pinochet, desde Buenos Aires, que sus pares argentinos del Batallón 601 de Inteligencia “tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos desde 1975 hasta la fecha”.
El periodista estadounidense John Dinges, quien obtuvo una copia de los documentos y los envió al Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU., señaló que el cable del espía chileno “proporciona importantes pruebas que comprueban que el verdadero número de desaparecidos es significativamente mayor que las 9.089 personas enumeradas por la Conadep en la década de 1980”.
Otro documento de 1978 del Departamento de Estado de EE.UU. estimó en 15.000 el número de desaparecidos.
Desde la presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina (APDH) -uno de los pocos organismos que recopiló denuncias durante la dictadura- afirmaron que, además de estos archivos, la estimación de 30.000 víctimas se basó “en la existencia comprobada de más de 700 sitios clandestinos de detención, tortura y exterminio, y las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en ellos”.
También en “la inmensa cantidad de hábeas corpus presentados y el número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal, que superan los 150.000 hombres”.
No obstante, resaltaron a BBC Mundo que “el único registro real de la cantidad de muertos y desaparecidos, su identidad y destino final está en poder de los asesinos, que ocultan todos los datos sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal”.
Miedo
¿Cómo se explica que solo un tercio de las desapariciones en los años ’70 y ’80 hayan sido denunciadas?
Los organismos de DD.HH. lo atribuyen al miedo que existió, y sigue existiendo, en un país que sufrió seis golpes de Estado en menos de medio siglo, y que, incluso en democracia tuvo un desaparecido.
Su nombre es Jorge Julio López, un albañil y militante peronista que fue detenido clandestinamente durante la dictadura.
En 2006, tras declarar en un juicio contra el represor responsable de lo que le ocurrió, desapareció sin dejar rastros (la justicia sospecha que fue víctima de un grupo parapolicial con vínculos con las fuerzas de seguridad que operaron durante la dictadura).
“Argentina es muy grande, está llena de pueblitos con gente que nunca denunció las desapariciones de sus hijos por miedo, por vergüenza, por lo que sea”, señaló Almeida, quien reveló que los antropólogos forenses “siguen hallando cuerpos de desaparecidos que no fueron denunciados”.
En efecto, el EAAF, que en estas cuatro décadas ya recuperó más de 1.400 cuerpos de víctimas del período 1974-1983, todavía tiene más de 600 en resguardo, que no ha podido identificar.
“Hay una sorprendente falta de sistematicidad en la recolección de los datos de personas desaparecidas y de personas encontradas sin identificar”, le dijo a la agencia oficial Télam en abril pasado el investigador del EAAF Carlos “Maco” Somigliana.
En la actualidad, “no hay un número cierto de personas desaparecidas y de personas halladas por el Estado que no hayan sido identificadas”, agregó.
Pérez Esquivel afirma, por su parte, que muchos de los miles de exiliados que huyeron del país, y nunca regresaron, no denunciaron a sus desaparecidos.
También consideró un error “aferrarse” a los datos de la Conadep. “Lo que hizo fue un trabajo relativo”, sostuvo sobre el organismo al que, afirma, se negó a integrar, a pesar de la invitación del entonces presidente Raúl Alfonsín.
“Yo había pedido que se forme una Comisión Bicameral en el Congreso, que tendría facultades de investigación. La Conadep, que fue una comisión de notables, solo podía recopilar denuncias”, explica.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos agregan que “el número que recogió la Conadep fue el relevado durante pocos meses de trabajo y en tiempo inmediato al retiro de la dictadura, por lo que allí no se radicaron muchísimas denuncias”.
Por otra parte, la APDH resaltó que, después del Juicio a las Juntas, “en Argentina existió un extenso período de impunidad”, con leyes como la de Punto Final y Obediencia Debida, que limitaron los procesos judiciales, e indultos que liberaron a los jerarcas condenados.
Estas leyes “convirtieron al país en un aguantadero de los más feroces criminales de Estado, lo que generó miedo para denunciar, al tiempo que tales denuncias serían inútiles toda vez que a nadie se juzgaría”.
Aunque las llamadas “leyes de impunidad” quedarían sin efecto a partir de 2005, gracias a las gestiones del gobierno de Néstor Kirchner, para entonces muchos de los familiares de las víctimas ya habían fallecido, sostiene Pérez Esquivel.
“Un solo diablo”
De todas formas, el premio Nobel argentino resalta que “el número de víctimas no importa, lo que interesa es que son crímenes contra la humanidad”.
“Se ha tomado una cifra estimativa del horror con que procedió la dictadura militar, pero hay muchas cosas que todavía no se conocen, por eso no hay que hacer de esto una cifra”, señala.
Taty Almeida coincide: “No importa si fueron 30.000 o no, no interesa”, sostiene.
“Acá hubo un genocidio. Punto. 9.000 o 30.000, fue un genocidio. Eso es lo que hay que defender. No el número”, afirma.
Con este punto está de acuerdo también Graciela Fernández Meijide, quien hoy tiene 92 años.
“Fueran 30.000, fueran 8.000, es una barbaridad”, dijo a la prensa local el pasado 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora en Argentina en recuerdo a la fecha en 1976 en la que se llevó a cabo el golpe de Estado que dio comienzo a la dictadura.
En cambio, lo que los organismos de derechos humanos no admiten es que se cuestione que hubo terrorismo de Estado, como plantean Milei y su vicepresidenta, Villarruel.
“Acá no hubo ninguna guerra y no fueron excesos”, señala con enojo la Madre de Plaza de Mayo.
“Villarruel quiere implantar la teoría de los dos demonios”, dice, en referencia a la versión que sostiene que el Estado actuó en el contexto de una guerra civil contra guerrillas como Montoneros, formada por jóvenes peronistas, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de extracción trotskista.
“Hubo un solo demonio, que tiró vivas, entre tantos otros, a nuestra queridas Madres desde los vuelos de la muerte. Que secuestraron a las chicas embarazadas, las torturaron, las mantuvieron vivas, tuvieron familia, las mataron y se apropiaron de los bebés”, dice Almeida.
¿Habrá indultos?
La activista, al igual que Pérez Esquivel y muchos de los organismos de DD.HH., temen que Milei emule a uno de sus antecesores, Carlos Menem, -a quien el nuevo mandatario considera el mejor presidente que tuvo Argentina- y perdone a los represores condenados.
“No le va a ser fácil”, desafía Almeida. “Son delitos de lesa humanidad que no prescriben ni pueden ser perdonados”.
Ni el presidente ni su vice han hablado de un posible indulto, pero si quisieran seguir ese camino podrían encontrarse con otro escollo, además del legal.
Una encuesta realizada por la consultora Opina Argentina a finales de noviembre de 2023 mostró que solo el 27% de los cerca de 6.000 encuestados estaba a favor de perdonar a los militares presos por represión.
En cambio, algunos defensores de los DD.HH. se muestran más permeables a otra idea que ha esbozado la vicepresidenta: indemnizar también a los familiares de las cerca de 1.000 víctimas civiles de los grupos subversivos, quienes no recibieron compensación económica del Estado ni tampoco han podido llevar ante las cortes a los responsables, dado que se trató de delitos comunes, que prescribieron.
Pero las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no están de acuerdo. Para ellas, Villarruel -hija, sobrina y nieta de militares- debería utilizar sus contactos y su poder para lograr aquello que no se ha podido hacer en estos 40 años: romper el pacto de silencio sobre qué pasó con los desaparecidos.
Un silencio que es -justamente- el motivo por el que, cuatro décadas más tarde del regreso de la democracia, aún no se sabe con exactitud cuántas víctimas dejó la dictadura.
“Es otra cosa cruel que nos han hecho… no sabemos dónde están los restos, no podemos enterrarlos, no podemos hacer el duelo”, lamenta Almeida, quien sigue viviendo en el mismo departamento donde crió a su hijo desaparecido, un estudiante de Medicina que militaba en el ERP cuando fue secuestrado a los 20 años.
“Yo siempre digo que no me quiero ir sin por lo menos tocar los huesos de Alejandro, y no pierdo las esperanzas”, asegura.
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