El anuncio del llamado a juicio para los presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio ha generado diversas reacciones, incluyendo cuestionamientos por parte de los familiares de la víctima.
El crimen, que tuvo lugar el 9 de agosto del año pasado en Quito, a la salida de un evento proselitista, ha dejado a Verónica Sarauz, viuda del fallecido candidato presidencial, con sentimientos encontrados. Aunque se muestra parcialmente satisfecha por la imputación de 5 de los 6 sospechosos, también es consciente de que nada de ello podrá devolver la vida a Villavicencio.
Sarauz sostiene que Carlos Angulo, alias «Invisible», líder de una facción de la banda «Los Lobos» y presunto organizador del asesinato, es simplemente un intermediario contratado desde la Cárcel de Latacunga, donde se encontraba en ese momento.
A pesar de que las investigaciones han identificado a los autores materiales y a los cómplices, aún no se ha esclarecido el misterioso fallecimiento casi inmediato de los primeros, en el lugar del crimen, y de los otros 7, casi dos meses después, quienes fueron encontrados ahorcados en sus celdas. En este punto, no existen pistas claras sobre estos acontecimientos.
Sarauz enfatiza que la investigación debe profundizar y determinar la omisión y negligencia de la Policía Nacional en la protección de su esposo. En el día de su muerte, Villavicencio se desplazaba en un vehículo no blindado y sin el chaleco antibalas correspondiente. A pesar del tiempo transcurrido, la institución no ha proporcionado respuestas satisfactorias sobre los errores en la custodia.
La viuda insiste en que se trata de un crimen político, cometido por políticos, y denuncia numerosos intentos de «robar» información del caso, con abogados externos investigando y solicitando datos sin razones justificadas.
A pesar de las adversidades, Sarauz confía en que pronto se determinarán los verdaderos autores intelectuales, reiterando que «Invisible» fue simplemente un intermediario en este trágico suceso.
