El catedrático y miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, se pronunció sobre la crisis de seguridad que vive el Ecuador. A su criterio, es necesario hacer estudios de riesgos y asignar personal de custodia a los operadores de justicia que manejan casos más sensibles. Las personas con riesgo agravado, por la naturaluza del trabajo que ejecutan, deben contar con esquemas de seguridad más estrictos, dijo.
Mientras que considera urgente que se revisen los perfiles de los funcionarios encargados de la seguridad y la justicia. Apuesta por un proceso de lustración para depurar las instituciones afectadas por la corrupción. «Hay que cambiar el modelo de administración de justicia, ya que la violencia y la corrupción han permeado a todos los niveles».
Albán, también habló de la posibilidad de implementar una justicia virtual para proteger la identidad de los operadores judiciales sin sacrificar la transparencia del sistema. Y resaltó la necesidad de que Ecuador solicite el apoyo de países amigos, tomando en cuenta que la cooperación internacional puede ser muy valiosa para luchar contra el crimen organizado.
Por otro lado, manifestó sus dudas sobre la declaratoria del conflicto armado interno, porque la tasa de homicidios es de 46,51% por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de Latinoamérica que es de 18 personas, y -por lo tanto- dice que más que «acciones cosméticas» y de «usar deficiones técnicas de manera imprecisa», el país requiere la adopción de una política de seguridad seria y un cambio cultural.
