El jueves, 2 de mayo, se realizó la sesión N.° 921 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que la asambleísta Margarita Arotingo solicitó el cambio del orden del día, para tratar un proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República, Daniel Noboa, declare prioritario el cumplimiento de las obligaciones estatales con las clínicas de diálisis para atender a los pacientes que requieren este servicio de salud.

La asambleísta expuso la importancia de aprobar esta resolución, ya que existe una deuda del Gobierno de hasta 16 meses a las clínicas que realizan diálisis. Son 90 millones de dólares que adeuda el Gobierno y 30 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según informó.

Alejandro Espín, representante de las clínicas de diálisis, sostuvo que existen alrededor de 16 mil pacientes en riesgo de muerte, por no tener acceso al debido tratamiento. “No permitamos que mueran estos pacientes, ni que haya médicos que se queden sin su sustento”, manifestó. Afirmó que la falta de fondos no permite el abastecimiento de medicinas ni los insumos para realizar diálisis.

Denunció que los Ministerios de Economía y de Salud, y el IESS han solventado la problemática, y en el caso del Ministerio de Salud, no existe un plan de contingencia en el caso de que las clínicas de diálisis del Ecuador dejen de operar.

La legisladora Cecilia Baltazar apoyó la resolución, porque el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Blasco Luna recordó a Luis Molina, paciente de diálisis quien, “hasta sus últimos días mendigó para recibir su tratamiento, pero murió sin conseguirlo. “Humanicémonos y no le sigamos el juego a quien no prioriza la vida”, añadió.

Patricia Nogales se unió al apoyo e informó que en su provincia, Santo Domingo, el Estado adeuda más de 6 millones de dólares a las clínicas de diálisis. Insistió en que los pacientes de enfermedades renales crónicas pertenecen a los grupos más vulnerables de la población por requerir un tratamiento continuo como la hemodiálisis.

Por su parte, Ramiro Vela recordó que el problema viene de gobiernos anteriores. “La deuda no es de un mes, ni de dos meses o de un año, sino acumuladas”, insistió. Guido Vargas sostuvo que las provincias de Orellana y Sucumbíos también han resultado afectadas por la falta de atención del Seguro Social por causa de gobiernos anteriores.

Mariana Yumbay, en cambio, protestó por la disminución del presupuesto para la salud, educación y empleo. Ana Galarza expresó que “no es humano que haya gente muriéndose por pobre, pese a que la Constitución garantiza el acceso a la salud pública gratuita”.

Ana Herrera hizo un recuento de la cantidad de pacientes desatendidos en el sistema de salud pública: “más de 16 mil, del Ministerio de Salud; 4 mil, del IESS; 90 centros de diálisis en estado de crisis, sin contar con los pacientes de Solca y de otras provincias que se desconoce”, recalcó.

Intervinieron también los asambleístas Rosa Mayorga y Lenin Rogel, propusieron a la Comisión de Salud fiscalice la crisis de salud de los enfermos renales; Paola Cabezas afirmó que se necesita un mínimo de empatía con quienes atraviesan la desatención de la salud.

Con 97 votos afirmativos se aprobó la resolución para exhortar al Presidente de la República cumplir las obligaciones de pagar las deudas pendientes con los enfermos renales y casas de diálisis, cuya operatividad peligra por la falta de asignaciones presupuestarias.