La exministra de Gobierno, María Paula Romo, habló sobre la presencia de personas infiltradas en los altos niveles del Estado que colaboran con organizaciones criminales. Romo señaló que el caso Metástasis es un claro ejemplo de la narcopolítica operando en el país, extendiendo sus tentáculos desde diferentes ámbitos.
«Una de las tareas de estas organizaciones ha sido, durante años, debilitar el aparato de seguridad del Estado ecuatoriano», afirmó Romo, explicando que este debilitamiento se realiza a través de ataques dirigidos a ministros encargados de áreas de seguridad, acompañados por campañas de desprestigio. La exministra también destacó el deterioro de la institución policial como parte de esta estrategia.
Por otro lado, desmintió las acusaciones relacionadas con el nombramiento del general Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), alegando que existe una campaña de desprestigio en su contra. Ramírez está actualmente detenido por presuntos vínculos con el narcotraficante Leandro Norero.
Según Romo, las personas afines a los grupos delictivos cumplen funciones clave, proporcionando información y generando narrativas en contra de sus adversarios. Sugirió que incluso los medios de comunicación podrían estar involucrados en este proceso.
En la lista de individuos presuntamente vinculados a estas redes criminales, mencionó a Mayra Salazar, detenida por su supuesta relación con el narcotraficante Leandro Norero. Salazar, quien ocupó varios cargos públicos y fue gerente de una empresa vinculada al condenado Daniel Salcedo, es vista por Romo como una pieza importante en este entramado.
A pesar de que el caso Metástasis ha revelado el modus operandi de estas organizaciones delictivas, Romo advierte que esto no implica la desarticulación completa del crimen en el país. Por ello, habla de la importancia de mejorar los indicadores de administración financiera para identificar a quienes se están enriqueciendo de forma ilícita y abogó por medidas adicionales para fortalecer la seguridad del Estado y enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado.
