Este miércoles 22 de mayo de 2024, ONU Mujeres hizo un llamado al Gobierno de Ecuador para que mantenga el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Esta solicitud surge después del anuncio de que el ministerio cambiaría su nombre a Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos.

Inicialmente, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, confirmó en una rueda de prensa que el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se implementaría próximamente. Sin embargo, ante las críticas de las principales organizaciones feministas del país, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos aclaró en un comunicado que “el nombre de la entidad se mantiene”. Además, indicó que se añadirá la rectoría de la política criminal, manteniéndose como un organismo enfocado en la prevención y erradicación de la violencia de género.

ONU Mujeres expresó su preocupación mediante un comunicado, señalando que el cambio propuesto desvirtúa el mandato principal del ministerio, centrado en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en Ecuador. La agencia apeló a la Recomendación General Número 28 de 2010 del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Según esta recomendación, los Estados deben garantizar la existencia de órganos especializados en el poder ejecutivo que tomen iniciativas y supervisen la preparación y aplicación de leyes, políticas y programas necesarios.

Ecuador ratificó la CEDAW el 9 de noviembre de 1981, lo que hace vinculante este mandato. El próximo año, el país presentará su informe nacional sobre los avances y retos relacionados con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en su trigésimo aniversario.

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos fue creado en noviembre de 2022 por el expresidente Guillermo Lasso, convirtiéndose en una entidad propia que anteriormente era la Secretaría de Derechos Humanos, la cual reportaba directamente a la Presidencia.

Tras la controversia generada, ONU Mujeres insistió en la necesidad de mantener el Ministerio como un ente “independiente, con mandato específico y recursos suficientes” para garantizar los derechos de las niñas y mujeres ecuatorianas.