En una decisión que marca el cierre del año, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 90, introduciendo ajustes significativos en el esquema de seguridad oficial para altos funcionarios del Gobierno. La nueva disposición, que entró en vigor el 26 de diciembre de 2023, redefine las condiciones de protección para el Presidente, la Vicepresidenta y otros miembros clave del Gabinete.

Según el decreto, la Casa Militar Presidencial ahora está encargada de proporcionar seguridad al presidente Noboa, su esposa y sus familiares, así como a la vicepresidenta Verónica Abad y sus allegados, pero con una particularidad: la seguridad de Abad se aplica solo cuando se encuentra en territorio nacional. Desde el 8 de diciembre, Abad reside en Israel como embajadora de Ecuador en ese país.

La decisión también extiende la protección oficial al Secretario General de la Administración y al Gabinete Presidencial, así como a sus respectivos cónyuges y familiares. Sin embargo, la seguridad para los familiares estará sujeta a un informe técnico y perfil de riesgo proporcionado por la Casa Militar.

Este decreto modifica la normativa emitida por el expresidente Guillermo Lasso en 2021, quien había dispuesto que la seguridad oficial aplicara únicamente al Presidente, Vicepresidente, cónyuges y algunos funcionarios clave. Además, Lasso retiró la seguridad para familiares y prohibió su aplicación a Ministros o Secretarios de Estado, salvo en circunstancias excepcionales.

Cabe destacar que, en cuanto a la seguridad para exmandatarios y exvicepresidentes, el decreto de Lasso garantizaba protección tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sin embargo, Daniel Noboa, al emitir el decreto 90, no introdujo cambios en este aspecto, manteniendo la protección para los exmandatarios por un período mínimo de dos años y para los exvicepresidentes por un año, con la posibilidad de extenderlo según evaluación de riesgos de la Casa Militar Presidencial.