Nicole Bonifaz, presidenta cesada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), denunció lo que considera una ilegalidad y una acción arbitraria en su contra. Dice que no se aferrará a la Presidencia del Cpccs, pero que su intención es que «se actué de manera legal».
Explicó que está analizando con su equipo jurídico las acciones a tomar luego de su destitución, ya que su cese fue «una maniobra» para «proteger» a la consejera Johanna Verdezoto. Y es que, indica, que tenía la intención de presentar una moción por una denuncia contra Verdezoto por un presunto caso de concusión. Ante ello, los cuatro consejeros intentaron apelar su presidencia para «evitar «que se investiguen estos actos de corrupción.
Afirma que la actuación de los consejeros obedeció a un plan premeditado y reveló que el Ministerio de Telecomunicaciones le había revocado los accesos a su equipo, argumentando que ya no constaba como presidenta ni consejera.
Bonifaz comparó esta situación con casos similares en administraciones anteriores y sugirió que el apoyo del Ejecutivo a la destitución forma parte de un patrón repetitivo y pidió a los consejeros que no conviertan esta situación en un espectáculo mediático.
