En los últimos días hemos podido apreciar como los intereses del país y el futuro del Ecuador están absolutamente subordinados a las viejas prácticas políticas, al interés electoral y a los intereses de grupos de presión.
Con una situación de complejidad gigantesca como es la crisis de la inseguridad, donde se mezclan el narcotráfico, los chantajes, vacunas y extorsiones, los secuestros y los asesinatos, y una falta total de inversión en el país más la peor crisis fiscal en décadas, los partidos en la Asamblea Nacional han buscado cuidar como el más grande tesoro el que el electorado no les pueda decir que subieron impuestos o que apoyaron al Gobierno, sin darse cuenta de que a quien hay que apoyar es al Ecuador.
Y es que la práctica política ecuatoriana consiste en hacer siempre oposición al Gobierno de turno, echarle la culpa de los problemas, atacarlos y provocar su desgaste para aprovecharse de ese desgaste, montarse sobre la ola del descontento popular, y aspirar así a ganar las siguientes elecciones.
El problema del Ecuador de hoy, y lo he repetido en forma reiterada, puede llevarnos a situaciones gravísimas y muy dolorosas, tanto en lo económico, en lo político y en lo social.
Un país con 10.000 millones de dólares de subsidios, que son alrededor de 9 % del PIB, no es sencillamente viable. Tampoco con la legislación laboral y estructura de tasas de interés actuales y tamaño del Estado. Y ningún partido político tiene la valentía de decir que la solución debe ser integral. Ninguno lo discute en campañas, ninguno lo habla en ejercicio de la legítima oposición al Gobierno.
Siempre hay el cuidado de lo “que políticamente no se puede decir”. Y en ese juego político, la población cree entonces que los subsidios son un derecho adquirido, que son inamovibles. Por ello los dos subsidios a lo combustibles y los fondos de pensiones terminarán sepultando a todos, demandando recursos que la sociedad no los tiene, y cuya proyección futura es exponencialmente perversa.
En estas discusiones del proyecto enviado por el presidente, la superficialidad, la falta de análisis y entendimiento de los problemas es desesperante. No hay la más mínima mención a la necesidad de profundas reformas, porque todos están pensando que en pocos meses se inicia ya una nueva campaña electoral.
Nos preguntamos entonces: ¿qué se requiere en el Ecuador para que haya unidad de propósitos, o esfuerzo para lograr un gran acuerdo nacional?
Si una nación secuestrada por el terror no es capaz de motivar a los políticos a buscar soluciones definitivas, ¿qué es lo que los puede motivar?
La parte técnica de la ley económica urgente merecerá mi análisis en un documento mucho más amplio. La parte política es clara: no hemos evolucionado, ni hemos logrado que la política ecuatoriana esté a la altura de la historia y de nuestra realidad.
Si en los años previos a la crisis de 1999 se hubieran dedicado a buscar las soluciones y no a torpedear gobiernos, la crisis habría sido mucho menor de lo gravísima que fue. Ojalá que no tengamos que usar en pocos años una frase similar.
