En un revelador reportaje de Infobae, se ha expuesto la intrincada red de corrupción que involucra a Mayra Salazar, quien previamente fungió como directora de comunicación de la Corte Provincial del Guayas. Salazar, ahora procesada por su papel clave en los casos Metástasis y Purga, ha sido identificada como la operadora de una red que otorgaba beneficios judiciales a criminales y políticos, además de estar involucrada en actividades ilegales adicionales.
El reportaje detalla cómo Salazar apareció en la escena pública en diciembre de 2023, durante el megaoperativo que condujo a la captura de 31 de 39 individuos vinculados al caso Metástasis. Desde entonces, la Fiscalía ha procesado a múltiples personas, con un total de 52 investigados hasta la fecha. Salazar, según la Fiscalía, desempeñó un papel crucial en la organización criminal, facilitando la corrupción judicial a través de su influencia en el ámbito administrativo.
El análisis del teléfono de Salazar condujo al descubrimiento del caso Purga, destinado a investigar los vínculos entre la política, la justicia y el narcotráfico. Este caso resultó en la detención de figuras prominentes como el exlegislador Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, ambos identificados como operados por Salazar.
Las comunicaciones interceptadas revelaron las tarifas que cobraban los jueces para dictar fallos favorables a criminales, así como detalles sobre actividades adicionales de Salazar, incluida su participación en la campaña electoral, el tráfico de drogas y la intermediación en servicios de compañía.
Además, se ha documentado la relación de Salazar con la televisión ecuatoriana, su incursión en prácticas de santería y su vínculo con Fabiola Gallardo, con quien planeó realizar rituales en Cuba como medida de protección.
Este reportaje de Infobae ha arrojado luz sobre la profundidad de la corrupción y las actividades delictivas en las esferas judiciales y políticas de Ecuador, subrayando la importancia de una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas para restaurar la integridad del sistema judicial.
