La reciente propuesta de reforma al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que aborda el tema del femicidio, ha desencadenado un acalorado debate en diversos sectores de la sociedad. La Comisión de Justicia busca limitar las razones de género a dos circunstancias específicas: la presencia de lesiones o la recepción de amenazas, generando diversas reacciones, especialmente de organizaciones de mujeres.
La abogada feminista Soledad Angus expresó su preocupación, destacando que esta reforma restringiría las razones de género a solo dos circunstancias, planteando la pregunta crucial sobre qué sucederá con los femicidas ya sentenciados cuyas condenas no se ajusten a estas circunstancias propuestas.
María Astrid Coloma, otra abogada, criticó la propuesta, señalando que al limitar las razones de género a lesiones y amenazas, la reforma elimina la referencia a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, considerando esto como un enfoque irresponsable que ignora el origen de la violencia de género.
La Coalición Nacional de Mujeres también se pronunció, calificando la reforma como regresiva en derechos y resaltando la falta de atención a la responsabilidad del Estado en garantizar la vida e integridad de las mujeres y niñas en su diversidad, especialmente en casos de feminicidio.
En contraste, la abogada Jéssica Jaramillo sostiene que la reforma no implica un retroceso. Argumenta que el proyecto de ley amplía las circunstancias en el artículo 142 e incorpora el concepto de #FEMINICIDIO, considerándolo un avance en la legislación.
La abogada Soledad Angus, al ser consultada sobre la propuesta de reforma al artículo 142, destaca positivamente la ampliación de las circunstancias agravantes del femicidio. Sin embargo, insiste en que lo negativo radica en la modificación del artículo 141, que cambiaría la tipificación del femicidio y limitaría las razones de género.
Este debate refleja la complejidad y las diversas perspectivas en torno a las reformas legales relacionadas con el femicidio, destacando la importancia de un diálogo amplio y reflexivo para abordar adecuadamente la problemática de la violencia de género en Ecuador. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional deberá considerar cuidadosamente estos puntos de vista en su proceso legislativo.
