Desde sectores vinculados al correísmo se ha calificado el reciente operativo en el caso Purga como una «venganza» por parte de la Fiscal General Diana Salazar, en respuesta a la censura y destitución del exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo.
Militantes correístas han expresado su posición en redes sociales, sugiriendo que la acción judicial es una retaliación por la destitución de Murillo, quien era considerado un operador político en el CJ. La legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, afirmó que la fiscal está «desesperada por mostrar su poder y cobrar venganza».
El expresidente Rafael Correa se sumó a estas declaraciones, sugiriendo que la Fiscal Salazar utiliza el caso Purga como un instrumento de «venganza» por la destitución de Murillo, y cuestionando la actuación selectiva de la fiscal en otros casos.
«Esta es la ‘venganza’ de Salazar por la destitución de Murillo -su operador en el CJ- con los votos del PSC. Siempre se supo que (Julio César) Trujillo, (Lenín) Moreno, (María Paula) Romo y la propia Salazar repartieron las cortes, y toda la partidocracia tiene rabo de paja, que Salazar utiliza para chantajear», expresó Correa.
La legisladora Palacios enfatizó la supuesta selectividad de la fiscal al activar el caso Purga después de la destitución de Murillo, y sugirió que debería actuar con la misma celeridad en otros casos que involucren a personas cercanas a su entorno.
El caso Purga se centra en la investigación de presunto delito de delincuencia organizada, vinculado al caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar ha explicado que el objetivo es sanear el sistema de justicia ecuatoriana.
Cabe recordar que Fausto Murillo fue censurado y destituido con 102 votos, principalmente de los correístas y socialcristianos, en un juicio político por supuesto incumplimiento de funciones.
