La bancada de la Revolución Ciudadana ha convocado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para el próximo viernes 15 de marzo, con el fin de abordar y resolver una queja presentada contra la legisladora Mónica Palacios, quien enfrenta acusaciones de supuesto acoso laboral contra un funcionario que presta sus servicios en la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN).
Según lo establecido en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se consideran faltas administrativas muy graves aquellas que involucran «actos que constituyan acoso laboral o acoso laboral con connotación sexual contra las y los asambleístas o las o los funcionarios de la Asamblea Nacional». Dichas faltas pueden ser sancionadas con suspensión sin remuneración, que va desde treinta y un hasta noventa días.
El supuesto acoso laboral se habría iniciado en diciembre de 2023, durante una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, cuando la legisladora Palacios habría intervenido sin haber sido autorizada por la presidenta de la comisión, Valentina Centeno (ADN), generando un incidente con un funcionario que solicitó el uso del micrófono. Posteriormente, la legisladora Palacios habría hecho públicas acusaciones contra la presidenta de la comisión a través de redes sociales.
Tras un procedimiento administrativo, la administración general de la Asamblea Nacional emitió una resolución de archivo del proceso seguido en contra del funcionario denunciante, argumentando inconsistencias en el procedimiento. Sin embargo, el funcionario absuelto presentó una queja contra la legisladora Palacios, acusándola de acoso laboral en su contra.
La queja presentada por el funcionario será considerada por el CAL, y de ser calificada, será tramitada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para su correspondiente análisis y resolución.
