La asambleísta Mónica Palacios Zambrano, representante de la bancada de la Revolución Ciudadana, ha apelado a la nulidad del proceso de notificación sobre la calificación de la queja presentada en su contra por supuesto acoso laboral a un funcionario legislativo colaborador de la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN).
El pasado 20 de marzo, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, remitió a la legisladora denunciada la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en la que se califica la queja presentada en su contra, solicitando la aplicación del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Nacional numeral 6, relativo a las faltas administrativas graves cometidas por los asambleístas, entre ellas, «incurrir en actos que constituyan acoso laboral o acoso laboral con connotación sexual contra las y los asambleístas o las y los funcionarios de la Asamblea Nacional».
En respuesta a la notificación, la asambleísta señaló que la resolución del CAL «no se encuentra debidamente firmada, sino que cuenta con una certificación, constituyendo nulidad del referido proceso por no contar con los elementos mínimos de validez que los actos administrativos deben guardar, conforme a las normas procesales establecidas para el efecto».
Por lo tanto, solicita amparo al artículo 101 del Código Orgánico Administrativo para que se remita el acto administrativo debidamente suscrito. De lo contrario, advierte que la ejecución del mismo, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, constituye un hecho administrativo viciado.
Palacios Zambrano ha resaltado la falta de las reglas mínimas del debido proceso, «vulnerando mis derechos y mi posición como autoridad electa democráticamente en las urnas». En caso de no remitir el documento debidamente suscrito por quien presidió la sesión 0022-2024 del Consejo de Administración Legislativa, realizada el 15 de marzo de 2024, advierte la interposición de acciones jurisdiccionales para salvaguardar sus derechos.
