En una entrevista exclusiva con el medio La Hora, el Ingeniero Hernán Poveda, experto petrolero y exfuncionario de Petroecuador, arrojó luz sobre la controvertida situación generada por el dictamen de la Corte Constitucional y los resultados de la Consulta Popular, calificándolos como inaplicables e incluso inconstitucionales.

Durante la entrevista en el espacio Veraz, Poveda explicó que el proceso que llevó al dictamen de la Corte Constitucional fue “bien enredado”, señalando ilegalidades e inconstitucionalidades en la consulta popular. Destacó que la pregunta, que obtuvo un sí con más del 58%, es inaplicable según advirtieron tres jueces que salvaron su voto, sosteniendo que el proceso fue ilegal e inconstitucional.

Entre las causas de inconstitucionalidad, Poveda mencionó que la consulta debió limitarse al área de influencia, abarcando las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, siguiendo la lógica aplicada en la consulta sobre la minería en el Chocó Andino.

El Ingeniero Poveda subrayó las contradicciones y exigencias imposibles en el dictamen de la Corte, que obliga a dejar el terreno del bloque 43 como si nunca hubiera existido un campo petrolero. Esta tarea implicaría desmontar la infraestructura de los 250 pozos, evacuar los líquidos, reforestar y remediar todo el terreno, con un costo estimado de $1.800 millones y un plazo de tres a cinco años.

Además, destacó la falta de lógica en el dictamen que, mientras ordena estas acciones, limita o prohíbe a Petroecuador celebrar contratos relacionados con el ITT, obstaculizando el cumplimiento del cierre del bloque petrolero.

Poveda hizo un llamado a los Yasunidos para reflexionar sobre las consecuencias del sí en la consulta y resaltó la importancia ambiental del ITT, con seis o siete procesos de control ambiental.

El Gobierno, ante este panorama, ha anunciado la preparación de un plan para solicitar a la Corte que posponga el cierre del ITT por cinco años, aunque enfrenta la resistencia de sectores como Yasunidos y la Conaie.

El Ingeniero Poveda también abordó la situación crítica del sector petrolero, instando a cambios en la gestión de Petroecuador y la reactivación de proyectos estancados desde 2022 para evitar la pérdida estimada de producción entre 45,000 y 50,000 barriles al año.