En la Comisión de Garantías Constitucionales, Mónica Jiménez, en representación de madres que han perdido a sus hijas víctimas de femicidio, expuso sus observaciones respecto del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio, previo a la construcción del informe para segundo debate.
Tras describir las dificultades que ha tenido que pasar desde el asesinato de su hija Nicky, en 2018, dijo que han tomado acciones de reparación y todavía no se esclarece el caso. Hizo un llamado para buscar mejores mecanismos en justicia y reparación a los familiares de las mujeres asesinadas, que como ella llevan años sin resolver el juicio por el crimen de su hija.
Propuso acciones en el conocimiento del crimen para que se aplique primeros auxilios para alertar y socorrer a las víctimas en el momento del incidente; asistencia económica para que las víctimas puedan ser enterradas de manera digna; acompañamiento sicológico; operadores de justicias probos. “Es urgente y necesario que las víctimas de femicidio reciban acciones de reparación inmediata, con presupuesto y que se creen escenarios de justicia de verdad y reparación” agregó.
La comisión también inició el tratamiento de dos proyectos de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentados por Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia; Diana Salazar, fiscal general del Estado; Ángel Torres, defensor Público; y, Juan Pablo Ortíz, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República; y, por la asambleísta Fernanda Araujo.
En el primer caso, la propuesta busca corregir las prácticas irregulares originadas por la amplitud y elasticidad de las garantías jurisdiccionales, mediante la imposición de límites que coadyuven a evitar que la presentación de cualquiera de las acciones de lugar a una mala fe procesal por parte del accionante, es decir, busca que exista coherencia temporal y material con la práctica judicial diaria, a fin de que el juez constitucional haga efectivo el goce de los derechos fundamentales.
La reforma de Fernanda Araujo determina con claridad el procedimiento para la aplicación de las garantías constitucionales. Además, pretende fortalecer, en el proceso constitucional, la sustanciación de garantías jurisdiccionales dividiendo de mejor manera los momentos procesales y garantizando que las partes sean escuchadas en primera instancia y apelación.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas anunció que, en razón de tratarse de la misma materia, las dos propuestas se unificarán para su tratamiento.
Los legisladores también conocieron la resolución del Pleno de la Asamblea que dispone a la Comisión, en un plazo de 60 días, clarifique la situación jurídica, el acceso a los beneficios de ley en situación militar de servicio pasivo de las personas amnistiadas y el cumplimiento de las recomendaciones del Informe final de la Comisión de la Verdad “Sin verdad no hay justicia” sobre los excomandos Taura.
En el documento se menciona que las personas beneficiarias de la amnistía han considerado que no se ha registrado en debida forma su situación militar como “servicio pasivo”, no han recibido los beneficios que tal categoría de esta situación militar otorga y todos ellos actualmente son personas adultas mayores, por lo que pasan a constituirse en un estatus de personas de “extrema vulnerabilidad”.
A fin de dar cumplimiento lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea, la Comisión, por unanimidad, conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Paúl Buestán, Humberto Chávez, José Maldonado y Jhajaira Urresta, quienes, en un plazo de 45 días, deberán generar los insumos necesarios para la elaboración del informe no vinculante, respecto a la situación jurídica de las personas amnistiadas en el proceso denominado Comandos de Taura.
