Durante el allanamiento llevado a cabo en la residencia de Palacio de Gobierno el pasado viernes, la presidenta Dina Boluarte tuvo un encuentro tenso con el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza. Según el acta del operativo, la mandataria se negó a entregar sus Rolex, argumentando que no se trataba de una diligencia de exhibición.

En medio de esta situación, el representante del Ministerio Público procedió a realizar el registro personal de Boluarte, quien estaba acompañada por varios miembros de su gabinete. Todos fueron tratados según el protocolo estándar para personas que se encuentran en una diligencia fiscal, según lo indica el informe.

Durante el allanamiento, se buscaban tres Rolex Datejust 36 y un modelo Day-Date, pero ninguno de estos artículos de lujo fue encontrado hasta el momento. La presidenta manifestó al fiscal que si deseaba encontrarlos, debería buscarlos por sí mismo. En el baño de la habitación presidencial se encontraron ocho relojes de menor costo, almacenados en una caja metálica blanca sin seguro.

Se ha descubierto una tarjeta de garantía de uno de los Rolex en la residencia de Surquillo. Este reloj, un modelo Datejust 36 con diamantes incrustados, fue comprado el 8 de julio de 2023, desmintiendo así la afirmación de Boluarte de que era un artículo antiguo. Además, el propietario de la Casa Banchero ha confirmado que la presidenta no es cliente de su tienda, lo que sugiere que el reloj pudo haber sido un regalo.

Boluarte ha sido citada para declarar el próximo viernes 5 de abril a las 8:30 horas, aunque ha solicitado a la Fiscalía que se le tome declaración de manera inmediata debido a la turbulencia política generada por la investigación preliminar en su contra por corrupción.

En relación con este caso, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, también deberá testificar este 4 de abril. Oscorima admitió haber comprado en 2023 un Rolex similar al utilizado por la presidenta. Este hecho ha generado mayor atención sobre las circunstancias en las que se realizó la firma de un decreto que destinaba 100 millones de soles al gobierno regional, apenas nueve días después de una reunión privada entre Boluarte y Oscorima.