La Comisión de Régimen Económico conoció y analizó el informe borrador para primer debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Delitos, que amplía de 26 a 104 artículos. El documento será aprobado en la sesión del viernes próximo.
La comisión efectuó 9 mesas técnicas y se recibieron observaciones de asambleístas, instituciones públicas y de la sociedad civil, que fueron conocidas en las sesiones de la mesa legislativa.
El propuesta acoge las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que son estandares internacionales para combatir el lavado de activos.
Los comisionados expusieron sus criterios sobre la designación del director de la UAFE; vigilancia de los dineros congelados en los bancos; monto base para la declaración informativa del viajero; inclusión de la minería y transporte terrestre en los sujetos obligados no financieros; jurisdicción nacional de la UAFE y financiamiento; entre otros detalles.
Nuevos sectores obligados a reportar
Previo a la revisión del informe, la comisión recibió a Andrea Agudelo, de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, quien presentó determinadas observaciones relacionadas con la normativa legal.
Destacó varios aspectos relevantes del proyecto, como la actualización de conceptos, unidad de materia, sujetos obligados no financieros, la dotación de mayor capacidad a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sanciones y otros temas. Pidió analizar la creación del Consejo CONCLAFT, que implicaría la inyección de recursos y estructura para su funcionamiento.
La representante de la Oficina de Naciones Unidas sugirió que dentro de los sujetos no financieros obligados a reportar, se incluya a los siguientes: organizaciones sociales sin fines de lucro; apuestas deportivas y operadores de pronósticos deportivos; minería; sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; transporte terrestre; sociedades de economía mixta; compra y venta de autopartes de vehículos; y, sector eléctrico.
Añadió que se deben establecer políticas de supervisión claras, así como la importancia de lograr la eficacia, más allá del cumplimiento de un reporte de operaciones sospechosas.
La legisladora María Mercedes Erbs coincidió en la necesidad de incluir a nuevos actores no financieros obligados a reportar y a implementar las medidas para la prevención del lavado de activos.
