Moradores de Palo Quemado y Las Pampas, en Sigchos, provincia de Cotopaxi, asistieron a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, para exponer la situación que atraviesan las comunidades por la presencia de la fuerza pública, que, a su criterio, reprime el derecho a la protesta por la actividad minera que se realiza en el sector, específicamente por el proyecto minero La Plata, de la empresa canadiense Atico Mining.
El problema se suscitó luego de que el 16 de marzo, el Ministerio de Ambiente inició el proceso de consulta ambiental en Palo Quemado, sobre la fase de explotación minera.
La consulta es uno de los requisitos para la explotación minera, es decir, garantizar la debida información a la ciudadanía para que puedan participar con fundamentos en la consulta ambiental, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional.
Sin embargo, los moradores de las comunidades indicaron que existen 6 compromisos firmados con el Gobierno de Canadá, por más de 4.800 millones de dólares para desarrollar proyectos mineros y el de La Plata, en Palo Quemado alcanzaría más de 100 millones.
La comunidad rechaza la explotación minera y la presencia militar. Los enfrentamientos han dejado 70 personas acusadas de terrorismo, circunstancia que la rechazada.
Frente a la situación, y considerando que la comisión convocó a 8 autoridades del Gobierno para que comparezcan y comuniquen las acciones que han tomado de acuerdo con sus competencias, representantes de los comuneros acudieron a la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana a la que estuvieron convocados Mónica Palencia, ministra de Gobierno; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional; Sade Fritschi, ministra de Ambiente; Andrea Arrobo, ministra de Energía; Fernando Santos, exministro de Energía; Iván Navas, gobernador de Cotopaxi; César Córdova, defensor del Pueblo; y, César Zapata, comandante de la Policía. Solamente, César Córdova y delegados de la Policía Nacional, se hicieron presentes.
Los representantes de las comunidades, liderados por el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, y de la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, así como de organizaciones de derechos humanos, solicitaron a la comisión impulsar el juicio político, especialmente a la Ministra de Ambiente, por no atender una situación emergente.
De igual manera, pidieron exhortar al presidente de la República, Daniel Noboa, el retiro inmediato de la presencia militar y la revisión de las acusaciones de terroristas a sus compañeros de las comunas.
“No somos terroristas, somos campesinos que trabajamos honestamente para sacar productos y alimentar al país”, sostuvo Luis Martínez, miembro de Defensores del Agua y Vida de Las Pampas.
“El gobierno ha firmado contratos de inversión sin haber consultado a las personas afectadas. No estamos en época del huasipungo cuando se vendía tierra con la gente adentro. Es ilegal, inconstitucional e ilegitimo que esté la fuerza pública”, reclamaron los representantes de organizaciones de derechos humanos.
Los legisladores Jorge Chamba, Franklin Samaniego, Ana Herrera, Carmen Tiupul, y Rosa Mayorga exigieron al Defensor del Pueblo tomar acciones, realizar el seguimiento de la problemática y presentar un informe. Además, pidieron que se revise la acusación de terroristas a los comuneros que “solamente ejercían su derecho a la protesta”.
De su lado, el Defensor del Pueblo informó que ha realizado las gestiones sobre la consulta ambiental, que es el de vigilar y garantizar el debido proceso, bajo el enfoque de los derechos humanos. Dijo que ha socializado el tema con autoridades locales y las comunidades en general.
Además, indicó que no está a favor de la explotación minera, más aún si compromete fuentes agua natural; sin embargo, dijo que existen grupos de delincuencia organizada que se aprovechan de la minería ilegal, para vender minerales como el oro en Perú y comprar armamento.
Por parte del Ministerio de Defensa Nacional, Gabriel Zárate, comandante de la Primera División del Ejército, Shyris y Carlos Espinosa, asesor militar jurídico, enviaron un mensaje de confianza de las acciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA).
Carlos Espinosa enfatizó que la misión fundamental de las FF.AA es la defensa de la soberanía y la integridad territorial y que su misión es trabajar para el pueblo y el país. Sin embargo, dijo que también deben coordinar acciones con otras instituciones para brindar apoyo complementario. Se refirió a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, cuyo énfasis está en promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes de las comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos del Ecuador y de la estructura del Estado.
Se refirió también a los grupos armados delictivos que quieren adueñarse de la actividad ilícita de la minería ilegal. En este contexto, indicó que FF.AA, como institución protectora, están capacitadas y entrenadas para hacer el uso legítimo de la fuerza en situaciones extremas específicas, así como vigilar el orden y brindar seguridad a la población.
A las 20h30, la presidenta encargada de la comisión, Esperanza Moreta suspendió la sesión para continuar con las comparecencias de las autoridades que estuvieron invitadas, a las que se insistirá en su presencia, para que informen las acciones tomadas para enfrentar la problemática.
