Si usted vende por internet, promociona sus artículos, servicios en cualquier red o si una empresa tiene sus sistemas de ventas en línea, incluso las interacciones entre usuarios del eco sistema digital, estaban en serio peligro de ser interpretadas discrecionalmente por el ministerio del Interior, al considerar «actividades sospechosas». Era una de las amenazas de la llamada Ley de Seguridad Digital cuya reforma se contraponía las actividades reguladas ya por otras instancias como la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
Más fueron las voces críticas porque representaban una «atentado a la seguridad y protección de datos» de los usuarios que en manos de algún gobierno mal intencionado, podría ser considerado como una vulneración de la privacidad. En entrevista para este medio, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador CITEC nos dijo «como gremio que representa a la industria, consideramos que la ley, tal como estaba planteada, afectaba el correcto desarrollo de las actividades en el ciberespacio y usuarios digitales.»
Con la etiqueta #EcuadorDigitalSinCensura el gremio que agrupa a las principales industrias del sector, había una eventual amenaza, según el Director de CITEC Diego Álvarez. «Nos preocupaba como gremio, el potencial conflicto de interés que generaba, entregarle la rectoría de seguridad digital al Ministerio del Interior, se volvía un ente que además de monitorear la seguridad ciudadana, las actividades digitales y eso era una eventual vigilancia sobre las actividades personales y domesticas.»
Además a Cámara alertaba de un régimen sancionatorio liderado por el Ministerio del Interior, en contra de las actividades digitales a todos los ciudadanos del Ecuador.
Consultamos a Jorge Guerrón analista en seguridad digital y de datos, el caso de la propuesta de seguridad digital, estaba dirigido a proteger a los ciudadanos, pero desde la visión de sus necesidades, es decir, que requiere el estado para su supervivencia y para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad. «Lo mejor y recomendable sería tener en el estado un ente independiente que vele y coordine por las necesidades del estado y de los ciudadanos en el Ciberespacio, el Ministerio de Telecomunicaciones es el regulador, las telecomunicaciones son sector estratégico y con la normativa se definía los servicios esenciales e infraestructuras críticas, sería conveniente que el MINTEL sea el rector? Que pasaba si instituciones o políticos de turno utilizaban esta rectoría del MINTEL para acceso a información clasificada en un ámbito que está por fuera de la razón de ser del MINTEL.» describe el experto.
El proyecto de iniciativa del gobierno, proponía regulaciones a las informaciones de los usuarios de cualquier plataforma digital y con ese argumento, hacer frente a las amenazas, riesgos e incidentes en el ciberespacio u otros entornos digitales mediante el Sistema Nacional de Seguridad y sus subsistemas.
Además, creaba procesos para la prevención, identificación, mitigación, respuesta y resiliencia frente a las amenazas, riesgos e incidentes en el ciberespacio u otros entornos digitales, algo más relacionado con el concepto de ciber delito.
Carlos Vera impulsó el archivo, con el argumento de que generaba dudas en la conformación de protocolos para su aplicabilidad en materia de protección de los datos ciudadanos.
BG
