La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral para hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Este cuerpo legal, que consta de 21 artículos y 21 disposiciones generales, transitorias y reformatorias, fue presentado por la asambleísta Dallyana Passailaigue del Partido Social Cristiano.
La legisladora explicó que la ley introduce el concepto de «reparación transformadora», un enfoque que busca devolver a las familias de las víctimas a un estado de normalidad similar al que tenían antes del femicidio. Este concepto, basado en directrices de Naciones Unidas, incluye medidas como garantizar la continuidad educativa para los hijos huérfanos, acceso a vivienda, empleo, y atención médica y psicológica.
«Si bien nada puede devolver a las víctimas, necesitamos que las familias recuperen sus planes de vida y transiten su duelo en paz,» afirmó Passailaigue. La ley también busca que estas familias puedan acceder a una plaza laboral, estudios, y atención médica de manera integral, con el objetivo de ayudar a los niños y adolescentes huérfanos a no perder sus sueños y a reconstruir sus vidas.
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La ley establece mecanismos de seguimiento y sanciones para asegurar su implementación efectiva. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, deberá realizar un seguimiento de las sentencias relacionadas con femicidios. «Esta ley debe implementarse. Esperamos que el presidente, si llega a vetarla, lo haga para mejorarla y no para detener su entrada en vigencia,» enfatizó Passailaigue.
La ley prioriza el acceso a salud, educación, vivienda, trabajo y créditos con tasas reducidas para los familiares de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Passailaigue reconoció que, aunque el acceso a estos servicios ya es deficiente para muchos ecuatorianos, la ley pretende activar a diversas instituciones del Estado, como los ministerios de Educación, Vivienda, Trabajo y el Ministerio de la Mujer, para que cumplan con estas disposiciones dentro de plazos específicos.
La asambleísta subrayó que la ley no representará un mayor gasto para el Estado. «Hemos sido muy cautelosos en que no incremente un centavo el presupuesto general del Estado para evitar que se la vete,» dijo. Además, mencionó que la ley busca asegurar la ejecución de un bono ya existente por decreto presidencial, que anteriormente no se estaba distribuyendo eficientemente.
Passailaigue destacó que la ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, con 128 votos a favor, y confía en que el Ejecutivo actuará con sensibilidad y asertividad para promulgarla sin vetos. «Esperamos que el presidente la pase directamente al registro oficial en honor a las familias de las víctimas,» añadió.
