Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos, habló sobre las inconsistencias halladas en la Ley de Extinción de Dominio que aprobó la Asamblea Nacional. Dice que aunque las reformas apuntan a agilizar la recuperación de bienes mal adquiridos, existen «candados» que dificultarán este objetivo, especialmente en casos de corrupción.
Explica que si bien se eliminó el requisito de una sentencia penal previa para ciertos casos relacionados con el crimen organizado, los delitos de corrupción aún requerirán de una sentencia ejecutoriada para que se pueda iniciar el proceso de extinción de dominio.
Además, advirtió sobre la falta de consideración de los costos y la complejidad administrativa asociados con la gestión de los bienes incautados. Señaló que la ley no prevé fondos adecuados para este propósito, lo que podría dificultar la efectividad de las medidas contra la corrupción.
Por otro lado, criticó la redacción de la ley, mencionando que incluye figuras legales prohibidas por la Constitución ecuatoriana, como la confiscación. Ante ello, considera que las reformas son insuficientes y podrán ser aprovechadas por los corruptos y criminales.
