El proyecto de Ley de Competitividad Energética, calificado como urgente en materia económica, cuyo objeto es superar la crisis energética mediante la promoción de soluciones económicas y de generación de energía, optimizando el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico en el ámbito público y privado, pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Valentina Centeno, asambleísta ponente y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que la crisis energética que atraviesa el país responde a la baja producción de electricidad que bordea los 28.864 gW/h desde el 2018. Se estima que al 2027 la producción será igual, mientras que la demanda será de 38.663 gW/h. Advirtió que en los últimos 6 años no hubo inversión en el sector.
Destacó que la iniciativa no contempla un incremento en la planilla eléctrica, sino que plantea estímulos para que el país haga una transición a energías limpias, mediante la exención del IVA de los equipos y accesorios para la generación solar fotovoltaica, 0 % de aranceles en la inversión de maquinaria agrícola que utilice energías renovables no convencionales y 100 % deducciones adicionales por inversiones en sistemas de autoabastecimiento energético.
El proyecto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), consta de 20 artículos que, entre otras cosas, establece que para el cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación (PME), el Estado podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado, empresas estatales extranjeras y a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica, mediante procesos públicos de selección cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas.
Dispone la condonación del total de intereses derivados de las obligaciones de pago del servicio público de energía eléctrica a los clientes finales, excepto los clientes industriales, siempre y cuando cancelen el capital en un plazo máximo de 90 días. También, condona el total del capital e interés para clientes finales de las provincias de Manabí y Esmeraldas por los montos generados durante el estado de emergencia a causa del terremoto del año 2016.
Debate
36 asambleístas intervinieron en el debate para presentar nuevas observaciones al proyecto. Entre las propuestas se destaca la separación de los ministerios de electricidad, hidrocarburos y minas, así como las agencias de regulación y control del ramo; la inversión en el mantenimiento del parque de generación energética actual para alcanzar su máxima capacidad productiva; simplificación de trámites para procesos de inversión privada; y, la deducción de impuestos a los sectores productivos por las inversiones que hagan en materia eléctrica.
Enfatizaron que el país no puede depender de las condiciones climáticas y la importación energética para satisfacer la demanda nacional, motivo por el que este proyecto debe trazar el camino para impulsar la inversión en proyectos de generación de energía por distintas fuentes energéticas renovables convencionales y no convencionales para solucionar el déficit a largo plazo.
Cuestionaron la gestión administrativa de gobiernos anteriores que descuidaron el sector y generaron la crisis actual, por lo que advirtieron el seguimiento de procesos de fiscalización y control político que determine responsabilidades por incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación y falta de mantenimiento de las hidroeléctricas existentes.
Previamente, en comisión general, el Pleno escuchó a Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte de Taxis del Ecuador, Fedotaxi, quien solicitó a la Legislatura que la norma incluya la ampliación del plazo establecido en la septuagésimo primera disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual establece que a partir del quinto año de entrada en vigencia de la ley, la reposición de vehículos de transporte terrestre comercial se renovarán por vehículos eléctricos, tomando en cuenta que el país actualmente tiene un déficit en la oferta eléctrica y no existen las condiciones necesarias para instalar electrolineras en todo el territorio nacional.
