La Comisión de Seguridad Integral sesionó para continuar el tratamiento de la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, para lo que recibió los aportes de integrantes del Cuerpo de Vigilancia Aduanera y expertos en materia de explosivos.
Édgar Vega y Fidel de la Cueva, director estratégico y comandante general, respectivamente, del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, explicaron que luego de expedida la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza en 2021 se les prohibió el uso de armas letales y se les limitó al uso de armas no letales. Destacaron que debido a sus funciones de apoyo directo a la seguridad nacional están expuestos a delitos de tráfico, lavado de activos, contrabando y enfrentamientos con grupos de delincuencia organizada en pasos fronterizos, por lo que requieren se revea su uso de armas de fuego en esta normativa. “Contamos con 756 miembros a nivel nacional, con formación militar y policial, preparados para el uso responsable de armas, pero sin la posibilidad de usarlas para defendernos”, afirmó Fidel de la Cueva.
De su lado, Fausto Alvarado, experto en Derecho de la Competencia, centró sus aportes sobre el mercado de explosivos. A su consideración, según el estudio realizado por la Cámara de Proveedores de la Industria Minera, se visualiza un posible monopolio de la empresa Explocen, que repercutiría negativamente en el mercado minero y de infraestructura, al no contar con el abastecimiento necesario para cumplir con sus necesidades.
Detalló que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas es el principal accionista de la empresa antes mencionada, con un 60 % de participación, lo que podría ser cuestionable, ya que el ente regulador es el que controla el mercado y, a su vez, el principal beneficiario del mismo. Por esta razón, sugirió que el proyecto estipule que el ente regulador no puede tener empresas en el mercado de explosivos, para permitir a otras empresas competir en igualdad de condiciones.
En otro orden, la comisión aprobó, con 6 votos favorables, el Informe Anual de Labores 2023 presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE), indicando que la institución ejecutó el 99,34 % de su presupuesto asignado, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Previamente, recomendaron a la FGE considerar a las violencias: física, sexual, económica y patrimonial, además de la psicológica, en el tratamiento de delitos de violencia de género y familiar, para garantizar una respuesta integral e interinstitucional a la misma. La comisión también conoció tres cronogramas de actividades elaborados por los equipos asesores de los legisladores, que contienen las temáticas para continuar sus procesos de fiscalización.
Finalmente conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa, mediante la cual admitió a trámite el proyecto de Ley de Reconocimiento a Veteranos de Guerra del Ecuador, presentado el 17 de agosto de 2020 por el exlegislador Carlos Bergmann.
