Por Alberto Dahik
Muchos analistas insisten en la reducción del gasto público, la cual ha sido anunciada por varios ministros en los últimos años, y que no ha podido terminar en una gran reducción de la planilla laboral.
Los políticos, y los intereses de grupos de presión, han generado un esquema de privilegios muy blindados, que se constituyen en una carga insoportable, difícil de destruir.
Así por ejemplo, pocos se preguntan cuál es el sueldo promedio en el sector público. Pues resulta que es muchísimo más alto que en el sector privado. Qué interesante sería que se haga un detallado análisis de la valoración de la escala salarial actual. Se encontrará que de los 10.000 millones de salarios que paga el presupuesto, siquiera un 30 % es por salarios que están por encima de lo que la economía paga en todos los sectores productivos.
¿Se podría entonces poner un impuesto especial a los salarios del sector público? Ahí salen los argumentos garantistas de la constitución: No se puede, es una discriminación. Y esto, sin considerar que la ley de escalafón, la antigüedad y los ascensos hacen que automáticamente los sueldos suban en varios cientos de millones de dólares por año.
¿Y se pueden comprar renuncias? Hace diez años una institución compró renuncias. Los “renunciados” presentaron su caso a la Corte Constitucional, la cual declaró inconstitucional el proceso. Los demandantes tienen que ser reintegrados. Un caso específico: una persona debe ser reintegrada a su cargo original con $ 4.205,72 de sueldo y una indemnización por los años que no ha trabajado, que representa con los intereses alrededor de $ 600.000 (sí, 600.000 dólares) que están siendo fijados por un tribunal distrital. Como esa persona, la institución en cuestión tiene 25 casos y no tiene recursos ni para reparar los aires acondicionados dañados. ¡Qué importante sería que salgan a la luz todas las sentencias judiciales de este tipo que perforan las finanzas públicas!
Así como los jueces dan fácilmente libertad a los delincuentes, dan en la mayoría de casos la razón a los reclamos contra el Estado que representan gigantescas indemnizaciones.
Y qué decir de sindicatos en Petroecuador, en CNEL, etc., que dan privilegios inadmisibles, que cuestan una fortuna al Estado. Todos protegidos por la ley, la constitución y los jueces.
Entonces, la reducción del gasto ha sido la más dura: reducción de la inversión pública.
Siempre repito que el principal problema del Ecuador es que el Ecuador no entiende sus problemas. La facilidad con la cual se dice “reduzca el gasto” es directamente proporcional a la ignorancia que existe sobre todas estas perversas realidades, y los políticos que dicen reduzca el gasto han contribuido a crearlas y mantenerlas.
Y lo dice quien cuando fue vicepresidente participó en un efectivo programa de reducción de la planilla del Gobierno, que se logró con una gran compra de renuncias financiada con un crédito externo. Es decir, creo firmemente en un Estado que no sea obeso, pero entiendo que el populismo, la irresponsabilidad y los intereses creados han blindado una burocracia casi intocable.
