En la primera audiencia del caso Villavicencio en Quito, las partes acusadoras, lideradas por la familia y la viuda, escucharon 8 testimonios de los 208 previstos por la Fiscalía. Se anticipa que se citará nuevamente a las partes el 2 y 3 de julio para continuar con el proceso. Sin embargo, según Hugo Espín, abogado defensor de Verónica Sarauz, existen numerosas contradicciones y una distorsión en el concepto de la acusación, ya que parece estar juzgándose otro delito penal.
“Deberían haber llamado a quienes amenazaron a Fernando y no lo hicieron, incluidas las amenazas provenientes de la Asamblea. Al menos, deberían haber sido citados”, expresó Espín. Según él, la teoría del caso es muy breve, ya que se está investigando la muerte de Villavicencio y no la teoría mantenida por la Fiscalía. De acuerdo a lo relatado por el testigo. La misma Fiscal Salazar misma se contradice, ya que difundió un video donde expresó una versión opuesta, aseguró Espín. “Hubo un supuesto contrato por un millón de dólares por la cabeza de Villavicencio: el 50% se cumplió con su muerte y el otro 50% por la muerte de ella, vinculando además a Colón Pico y otros actores, de acuerdo a la versión de Salazar en un video anterior. “Entonces, ¿por qué esas personas no están vinculadas?”, cuestionó Espín, quien considera contradictorias las declaraciones de la autoridad.
En este caso, la Fiscal que lleva la acción pertenece a la Unidad de Lavado de Activos y no está a cargo de la investigación de una muerte violenta en grado de magnicidio, por lo que no comprende esta reasignación.
Mientras tanto, la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, tiene su propia interpretación y sostiene que hubo un “complot” para la muerte de su esposo. Ella cree que personas con poder político estuvieron involucradas en su muerte; “personas vinculadas a militares que blanquean dinero para personas poderosas, interesadas en silenciar a Fernando”.
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