El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 123 votos afirmativos, la resolución presentada por la legisladora Paola Cabezas, mediante la cual se faculta a la Comisión de Garantías Constitucionales a continuar con la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades.
La mesa legislativa tendrá la competencia de fiscalizar las inconsistencias técnicas, costos en la implementación, además de verificar y constatar los resultados del Censo Nacional 2022, con la participación activa de los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio.
Previo a la votación, Paola Cabezas expresó que, “el 21 de septiembre de 2023 se anunciaba que éramos 16´938.986 ecuatorianos y ayer, 19 de enero, como por arte de magia, ya somos 17´700.000”.
Expuso que en 2001, los afroecuatorianos eran el 4.8 % de la población ecuatoriana, en el 2010, el 7.2 % y en 2022, nuevamente el 4.7 %. “Esto no tiene lógica técnica y es inconsistente con lo ocurrido en censos pasados y la proyección de crecimiento poblacional”, dijo.
“El censo es la herramienta técnica con la que el Estado toma decisiones sobre la implementación de política pública en salud, educación, erradicación de la pobreza y más, pero con estas enormes irregularidades se ponen en peligro los derechos, no solo de los afroecuatorianos, sino de todos los ecuatorianos”, finalizó.
Este proyecto de resolución establece también que, la comisión, una vez concluido el proceso pertinente, elaborará un informe no vinculante en el que dará a conocer sus resultados sobre la fiscalización.
Respaldo a la resolución
Los asambleístas María Teresa Pasquel, Mónica Salazar, Mariana Yumbay, Roberto Cuero, Lenin Lara, Celestino Wisum, Comps Córdova, Eustaquio Tuala, César Umajinga y Arturo Ugsha mostraron su respaldo a la continuación de este proceso de fiscalización.
Coincidieron en que durante el Censo Nacional del 2022 existieron errores técnicos y falencias del director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Roberto Castillo, que dejaron como resultado estadísticas que no corresponden a la realidad poblacional ecuatoriana. Manifestaron que la fiscalización debe continuar hasta reflejar los datos reales de todos los grupos poblacionales, pueblos y nacionalidades, de un Ecuador plurinacional e intercultural.
