El proyecto de 87 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) continúa generando controversia y manteniendo la atención del país sobre la Asamblea Nacional.
Tras la suspensión de la primera jornada de debate sin alcanzar acuerdos en la votación, aún no se ha fijado una nueva fecha para su continuación.
La bancada Construye, principal crítica del proyecto, persiste en su llamado para archivar el proyecto, principalmente debido a la preocupación de que abra la posibilidad de revisar la sentencia contra el expresidente Rafael Correa.
«Hasta el momento, no se perciben indicios de que estas reformas estén destinadas a combatir la inseguridad», declaró a Ecuavisa Jorge Peñafiel, representante de Construye.
Una de las disposiciones del proyecto que ha generado más debate es la relacionada con las sanciones a los jueces de la Corte Constitucional. Según esta propuesta, la destitución de un juez podría ser decidida por la mayoría de jueces no involucrados en la infracción.
Este punto ha sido duramente criticado por el abogado Ramiro García, quien considera que sería una «barbaridad» permitir la destitución de jueces simplemente por decisión administrativa, sin una sentencia condenatoria penal ejecutoriada.
A pesar de las críticas, la asambleísta oficialista Inés Alarcón destaca que algunas de las propuestas son beneficiosas y muestra su apoyo a la votación en bloques.
En este contexto, tanto la búsqueda de respaldos para votar en bloques como la posibilidad de archivar definitivamente el proyecto continúan siendo las opciones en la mesa para este paquete de reformas, que sigue enfrentando críticas y desafíos.
