En primer lugar, Cueva considera desproporcionada la orden de prisión preventiva dictada contra Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, quien enfrenta acusaciones por tráfico de influencias y cobro de «diezmos». Según el jurista, la medida cautelar, especialmente cuando implica el traslado a la Cárcel «La Roca», la de mayor seguridad en el país, resulta exagerada en relación a la gravedad de los delitos supuestamente cometidos. Sin embargo, enfatizó en la importancia de investigar a fondo estos delitos, independientemente de su naturaleza.
En segundo lugar, Julio César Cueva manifestó sus dudas sobre los supuestos chats telefónicos presentados por el exasambleísta Ronny Aleaga, en los que se involucra a la fiscal Diana Salazar. Según el jurista, Aleaga debería proporcionar pruebas contundentes sobre la autenticidad y origen de estos chats, incluyendo detalles como el lugar y fecha de la conversación, certificados de confiabilidad de la información y la certificación judicial de la cadena de custodia del teléfono. Hasta el momento, ninguno de estos elementos ha sido presentado públicamente, lo cual genera incertidumbre sobre la veracidad de las acusaciones.
Cueva también destacó los desafíos que enfrenta la fiscal Salazar en su labor investigativa, señalando la falta de recursos, personal y tecnología como factores limitantes. Enfatizó en la necesidad de llevar a cabo un proceso judicial justo y transparente, alejado de cualquier tipo de persecución política.
