La Asamblea Nacional inició el enjuiciamiento político contra Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocal y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, por incumplimiento de funciones, sobre la base de la solicitud sustentada por el legislador Carlos Vera Mora, en calidad de interpelante.
En el desarrollo de la fase final del juicio político, Carlos Vera reiteró sus argumentos que demostrarían el incumplimiento de funciones del exvocal José Morillo, al incurrir en conducta tipificada como delito de tráfico de influencias, al tratar de incidir en la decisión de un juez para devolverle a la señora Guadalupe Llori su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional, conforme consta en los audios filtrados por el medio digital La Posta.
Así mismo, respecto del expresidente y actual vocal del CJ, Fausto Murillo, insistió en que incumplió funciones al no tomar acciones sobre el presunto tráfico de influencias ejercido por Juan José Morillo; la falta de gestión para aplicar la homologación salarial de los funcionarios judiciales; la desatención de las necesidades logísticas, de materiales de oficina y recuperación de infraestructura de las unidades judiciales; la arrogación de funciones al asumir la Presidencia del CJ cuando le correspondía al doctor Álvaro Román; y, la inacción frente a la reconstrucción de la sede judicial de Manabí.
Entra tanto, Fausto Murillo insistió en que el juicio político no tiene fundamento, ya que, por un lado se afirma que hubo arrogación de funciones como Presidente y, por otro, se lo acusa por no haber actuado en calidad de presidente para sancionar el presunto tráfico de influencias; solucionar el problema de la homologación salarial; atender las demandas de las unidades judiciales; y, concluir la reconstrucción de la sede judicial de Manabí, temas que corresponden administrativamente al Director General de la Judicatura.
De su lado, Juan José Morillo enfatizó que se lo juzga por una grabación hecha a propósito, con la intención de perjudicar la institucionalidad de la Judicatura, para endilgarle un supuesto tráfico de influencias que, si existiese, no sería causal de juicio político. Manifestó que fue una reunión de las que se dan entre vocales y otros funcionarios judiciales y de ninguna manera tuvo como objetivo incidir, ni presionar para que se falle fuera de lo establecido en derecho.
En el debate participaron 13 asambleístas, quienes expresaron sus opiniones a favor y en contra de la censura de los interpelados, con diversos argumentos relacionados con las cuatro causales y los alegatos de la defensa que, a decir de varios legisladores, no desvirtuaron el incumplimiento de funciones.
Después de una jornada de casi 12 horas, alrededor de las 22h00, Viviana Veloz, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, suspendió la sesión 907 y convocó su continuación para este jueves, 29 de febrero, a partir de las 09h30.
