Sobre la base de los elementos de convicción recabados en la investigación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, vinculó a ocho personas a la instrucción fiscal por delincuencia organizada en el denominado Caso Metástasis: en total son treinta y nueve los procesados en esta causa.

Según lo expuso en la audiencia de vinculación, los ahora procesados (en calidad de autores), Xavier J., Cristian R., Daniel S., Fabián C., Carlos Z., Fernando G., Víctor A. y Jairo V., serían parte del presunto grupo delictivo, ejerciendo funciones de coordinación, planificación y gestión de delitos en beneficio de la organización.

La Fiscalía General del Estado solicitó su detención, pero no fueron ubicados en el operativo ejecutado el miércoles 13 y el jueves 14 de diciembre, en el que –con apoyo de la Policía Nacional– se ejecutaron más de setenta y cinco allanamientos simultáneos en varias provincias del país. No obstante, con los elementos suficientes –recabados en la investigación previa– solicitó que sean vinculados a la causa.

Por esa razón, y acogiendo en parte el pedido justificado de la fiscal general Diana Salazar Méndez, el juez nacional Felipe Córdova dictó prisión preventiva contra cinco de los vinculados: Xavier J., Cristian R., Daniel S., Fabián C. y Jairo V., mientras que para Carlos Z., Víctor A. y Fernando G. dispuso presentaciones periódicas cada quince días y prohibición de salida del país.

En su intervención, Fiscalía señaló que esta investigación se inició tras la muerte de Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi en octubre de 2022.

Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia, y de algunos de sus operadores.

Sobre esa base –y de otros elementos de convicción– se determinó que los ahora procesados habrían coordinado estas acciones para conseguir beneficios en procesos judiciales, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otros.

Además, se presentaron informes técnicos periciales de audio, video y afines, en los que se detalla la información de los dispositivos celulares de Leandro Norero Tigua, lo que demostrarían sus vínculos con los ahora procesados.

En los chats expuestos se evidencian conversaciones para la liberación ilegal de sentenciados, actividades criminales y pago de coimas a cambio de actuaciones judiciales en beneficio de Leonardo Norero y de su organización. En las comunicaciones, incluso se mencionan atentados contra la vida de varias personas.

Con esta acción, la instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.