Un juez constitucional, identificado como Manuel P., emitió una orden dirigida a la Defensoría del Pueblo, en la que solicita una investigación exhaustiva sobre denuncias de presunta tortura perpetrada por militares en diversas prisiones del país.
Además de esta orden, el juez Manuel P. ha requerido que se garantice atención médica continua a los reclusos, según lo informado por el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles este 11 de febrero de 2024.
Según la información proporcionada por la misma fuente, el juez ha instruido el seguimiento del estado de salud mental de las personas detenidas y pidió a la Defensoría del Pueblo que investigue las denuncias de supuestas acciones de tortura en un plazo de 45 días. Asimismo, instó a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y a asegurar que sus actuaciones sean acordes con la dignidad humana.
El comunicado del Comité destaca que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) debe proveer de manera directa colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal a los reclusos, sin que estos tengan que asumir ningún costo adicional.
Hasta el momento, ni el Gobierno ni las fuerzas del orden han emitido comentarios sobre esta decisión judicial. Es importante destacar que esta medida se produce en el contexto de operaciones conjuntas llevadas a cabo por militares y policías a nivel nacional, tanto en cárceles como en las calles, con el objetivo de poner fin a la violencia en todo el país.
