Un juez de la Corte Nacional aceptó la solicitud de la fiscal Diana Salazar y emitió medidas cautelares para 17 personas investigadas en el caso Plaga el 30 de junio de 2024.

Estas investigaciones tienen como objetivo desmantelar una supuesta red de delincuencia organizada que habría manipulado el sistema judicial para liberar reclusos en Ecuador.

El juez ordenó prisión preventiva para 14 acusados, detenidos el 29 de junio, entre ellos jueces, exjueces, funcionarios judiciales, policías y abogados.

Además, se dictó arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico para dos adultos mayores. Para una mujer embarazada, se dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, informó la Fiscalía en su cuenta de X.

También se ordenó la retención de cuentas bancarias de todos los implicados por un monto de un millón de dólares, distribuido proporcionalmente entre los acusados, según la Fiscalía.

Todos los procesados fueron arrestados la madrugada del 29 de junio de 2024 en un operativo conjunto en ocho provincias de Ecuador.

Según la Fiscalía, el supuesto líder es el abogado Cristian Giovanny R. M., quien coordinaba estrategias para liberar a personas privadas de libertad. Gestionaba traslados entre centros de rehabilitación y arreglaba audiencias con sus colaboradores judiciales.

Tramitaba certificados médicos falsos para usarlos en recursos legales, beneficiándose económicamente. Sus acciones se implementaban mediante sobornos a funcionarios penitenciarios y judiciales, incluyendo personal administrativo y jueces de alto nivel.

La Fiscalía señaló que los delitos investigados incluyen tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre enero de 2022 y marzo de 2023, 241 presos fueron liberados alegando enfermedades no comprobadas en audiencia, utilizando hábeas corpus.