Un juez constitucional aceptó la demanda de acción de protección presentada el 21 de abril de 2023 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Guayaquil, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares Privadas de Libertad (Rimuf), en favor de las familias víctimas de las masacres carcelarias en el país.

Según el CDH, el magistrado en la audiencia oral declaró ha lugar a la demanda, es decir, que las instituciones como el SNAI, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Derechos Humanos y la Mujer y el Ministerio de Gobierno son responsables por la vulneración de derechos constitucionales de las familias de las víctimas de las masacres carcelarias.

La decisión se adoptó el viernes, 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En el transcurso de este mes el juez dará a conocer la sentencia completa, su argumentación, contenido y alcance del fallo, reseña El Universo.

Allí se revelerán las obligaciones de las instituciones públicas mencionadas para garantizar la reparación integral por vulneración de derechos constitucionales de las familias.

Actualmente, hay más de 680 familias que perdieron a sus parientes dentro de las cárceles como resultado de masacres.

Entre el 2019 y el 2023 en Ecuador se produjeron masacres carcelarias en las que perdieron la vida más de 680 personas privadas de la libertad (PPL).