El Pleno del Consejo de la Judicatura tomó medidas contundentes al suspender por tres meses a cuatro jueces y tres fiscales presuntamente vinculados con la delincuencia organizada en el Caso Metástasis.
El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, junto con los vocales Merck Benavides, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, respaldaron la decisión de la Subdirección de Control Disciplinario de la Judicatura. Esta sugería la suspensión de los funcionarios procesados, así como la interrupción de su remuneración durante tres meses.
Según la Judicatura, los servidores cometieron infracciones disciplinarias gravísimas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Román expresó su desaprobación hacia el actuar de estos funcionarios, calificando su conducta como una traición a la Función Judicial y un desvío de los principios éticos. Destacó la firmeza y la ética con las que el Pleno actúa, afirmando que están haciendo historia.
La vocal Solanda Goyes también criticó la actuación de estos funcionarios, especialmente debido a que cuatro de los sancionados son jueces y tres fiscales de la Unidad de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti). Goyes señaló que estos funcionarios habrían facilitado información y libertad a personas procesadas por narcotráfico y otros delitos. Sugirió que, una vez avanzado el proceso, se consideren otras posibles sanciones.
Entre los sancionados se encuentran Adolfo Gaibor, juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; Santiago Zumba, juez de la Sala Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi; Carlos Zambrano, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí; María José Aguirre y Jhon Campuzano, fiscales de Fedoti; y Víctor Alcívar, fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien presenta un 33% de discapacidad.
Además, la jueza de Samborondón, provincia del Guayas, Glenda Ortega, también fue suspendida por el Consejo de la Judicatura.
