Jaramillo: Consulta Popular es clave para fortalecer la seguridad en el país

Abr 3, 2024

La Consulta Popular es clave para fortalecer la seguridad en el país. Así lo señaló la asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, en una entrevista con ECUADOR TV. 

La legisladora inició su intervención este miércoles, 3 de abril de 2024, refiriéndose al operativo que ejecutó la Fiscalía en el denominado caso Plaga. 

Jaramillo aplaudió la labor de la fiscal Diana Salazar y ratificó que existe una plaga enquistada en el sistema de justicia. Aprovechó para referirse a la próxima Consulta Popular y dijo que los ecuatorianos tienen una alternativa para que se incrementen las penas en delitos graves como el terrorismo, asesinato, lavado de activos, sicariato, entre otros.

Aclaró que no solo se plantea un incremento en las condenas, sino que los delincuentes cumplan con el 100% de las penas. Es decir, que no se favorezcan de beneficios penitenciarios como ocurre ahora. 

“Hay que evitar estos regímenes semiabiertos y abiertos que se les daba a los delincuentes y se permitía que salgan de las cárceles en dos o tres años”. señaló. 

En torno a las Fuerzas Armadas, la legisladora indicó que la Consulta Popular es importante para que los militares tengan la libertad de poder estar en las calles salvaguardando la vida de los ecuatorianos. 

“Los ecuatorianos deben votar sí este 21 de abril para que las Fuerzas Armadas también puedan estar en estas zonas calientes como las entradas a las cárceles y las vías cercanas”, manifestó.

La asambleísta Jaramillo también se pronunció sobre la ley de extinción de dominio. En este tema dijo que existen vacíos legales y que la Consulta buscará que los bienes ilícitos producto del narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, puedan pasar de forma inmediata al Gobierno. La idea es que “esos bienes se vendan y utilizar esos recursos para educación, salud y reforzar la seguridad de los ecuatorianos”.  

En cambio, en la Justicia, según Jaramillo, se quiere que existan jueces especializados en materia constitucional para que las acciones de protección  no recaigan en jueces de lo civil, de los penal o de la niñez que no están especializados.


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