A Daniel Noboa se le reducen las opciones para “deshacerse” de la vicepresidenta Verónica Abad antes de que inicie la campaña para las elecciones de 2025. Los votos no le alcanzaron al partido del Gobierno en el Legislativo para autorizar un posible juicio penal contra la vicepresidenta Verónica Abad, por el presunto delito de concusión; es decir, por usar su cargo para exigir un pago a otra persona a cambio de un puesto de trabajo. En una sesión convocada de forma virtual por el presidente de la cámara el 14 de junio, la moción de autorizar el enjuiciamiento de la segunda mandataria alcanzó solo 47 votos, cuando requería de mínimo 92 para dar paso al pedido de la Corte Nacional de Justicia, reseña El País de España.

Los legisladores realizaron una segunda moción, esta vez para votar que no se autorice el juicio penal contra Abad. Para eso solo se requerían de 70 votos y los consiguieron de sobra. La salvaron los partidos de Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, al que Abad ha criticado en el pasado con fiereza. También el bloque de Construye, que se ha declarado en oposición del Gobierno y el Partido Social Cristiano, que fue uno de sus últimos aliados hasta el impase entre uno de los líderes del partido -que además es el presidente del Congreso- y el vocero del Gobierno.

Con esta resolución del Parlamento, Abad no podrá ser vinculada en el proceso judicial llamado Nene, que investiga la Fiscalía ecuatoriana tras la denuncia de un extrabajador de la Vicepresidencia, Rommel P., quien asegura que el hijo de Abad y otra persona que se hacía pasar como asesor de la mandataria negociaron su contratación como coordinador de comunicación a cambio de una parte de su sueldo. Según las investigaciones, el delito se llevó a cabo en noviembre de 2023 en la suite de un hotel de Quito. El denunciante había trabajado con Abad en las elecciones seccionales de 2022 y fue llamado a colaborar ad honorem en octubre de 2023, tras la victoria del binomio. A cambio se le ofreció contratarlo cuando asumiera el poder. Para ese entonces, la relación entre Abad y Noboa ya estaba rota, según relató en una entrevista a EL PAÍS.

El denunciante acudió a la cita convocada una noche. Según su relato, lo esperaban Sebastián Barreiro Abad y Daniel R., el asesor que acompaña a la vicepresidenta en Israel, aunque no es parte de la plantilla de trabajadores de la institución. En la reunión se negoció el puesto de coordinador de comunicación en la Vicepresidencia. El cargo tiene un salario de 3.200 dólares, pero le ofrecieron ganar 1.200. Al final cerraron el negocio en 1.500 y la diferencia debía entregarlo en efectivo y en las manos del hijo de la segunda mandataria. Para garantizar los pagos mensuales, según el denunciante, lo obligaron a firmar una letra de cambio por 30.000 dólares. Rommel firmó. Pero en diciembre y enero el Gobierno no pagó a tiempo los salarios de los funcionarios públicos por falta de dinero y el pago del diezmo se retrasó dos meses.

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El Gobierno calificó la votación de los asambleístas como un “sucio pacto político” al referirse a sus antiguos aliados en el Congreso. “La solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad era clara y motivada. Solo era cuestión de dejar que -como en cualquier democracia medianamente estable- los órganos de la función judicial hagan su trabajo”, dice el comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. El documento cierra con una sentencia: “En este Gobierno estamos claros: la transparencia es nuestra principal bandera. Ningún funcionario está por encima de la ley”. Para fortuna del Gobierno, el delito de concusión por el que se quiere vincular a la vicepresidenta no prescribe. Si la Fiscalía quiere vincularla a la causa de nuevo, deberá hacerlo después del 24 de mayo de 2025, cuando se haya levantado la inmunidad que goza como segunda mandataria. Pero su problema son los tiempos. Es resolver el asunto antes del inicio de la campaña electoral en enero.

El mandatario sufrió otro revés con este asunto tras la respuesta del procurador del Estado, que se abstuvo de interpretar varios artículos de leyes y de la Constitución ecuatoriana que solicitó Noboa para ser presidente y candidato al mismo tiempo, sin necesidad de encargar el poder a la vicepresidenta. La ley señala que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de una licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Pero el presidente consultó al abogado del Estado si esa norma aplicaba también para él porque se trata de un Gobierno de transición que no va a cumplir los cuatro años de periodo que dura un mandato y, por lo tanto, su participación en las elecciones presidenciales de 2025 no se contabilizará como una reelección, porque así lo establece la ley. Pero el procurador, Juan Carlos Larrea, respondió que la consulta requiere de una interpretación constitucional, y esa no es su competencia.

“El espíritu de la ley es claro: que no haya una campaña y un ejercicio de funciones al mismo tiempo”, explica Ximena Ron, abogada constitucionalista, quien considera que si el procurador hubiese fallado de otra manera, habría marcado un mal precedente y dejaría abierta la posibilidad de que cualquier otro funcionario pueda incidir en unas elecciones a través de su cargo.

Al Gobierno le quedan pocas opciones para impedir que Abad asuma el poder cuando Daniel Noboa esté en campaña para las elecciones presidenciales. Una de esas, pero más débil, es un posible juicio político impulsado por el partido de Gobierno. Cuando la Fiscalía cambió el tipo de delito a concusión, abrió también la posibilidad a que Abad sea sentada en el banquillo del Legislativo, porque concusión es una de las causas estipuladas en la norma. Pero como el Gobierno falló en conseguir los 92 votos para que sea investigada penalmente sería una gestión inútil del Gobierno intentar abrirle un juicio político. Otra de las cartas contra la vicepresidenta es una denuncia en el Tribunal Electoral, en la que se acusa de infracción electoral por campaña anticipada en las elecciones seccionales de 2022. “Esta opción es una infracción, donde la sanción no es la destitución per se, sino que va desde una multa pecuniaria hasta la destitución. Por proporcionalidad se entendería que la destitución es absolutamente exagerada”, dice Ron. Pero el Gobierno ha demostrado que lo impensable puede ser posible. Hasta ahora, esas son las dos cartas sobre la mesa para impedir que la vicepresidenta asuma el poder en menos de seis meses.