La Comisión de Justicia escuchó a los legisladores Viviana Veloz, Camilo Salinas, Lucía Posso y Diego Mantovelle, quienes fundamentaron sus propuestas de reformas al Código de la Función Judicial, orientados a mejorar la administración de justicia y contribuir a la seguridad de todos los ecuatorianos.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, al explicar que su proyecto reforma varios cuerpos normativos, para garantizar el acceso a una justicia especializada de mujeres víctimas de violencia sexual, informó que acciones similares se han adoptado en otros países para fortalecer el sistema de justicia.
A diario se ha vuelto común leer los constantes casos de abuso y violencia sexual, que van creciendo día a día, en perjuicio a niños, niñas y adolescentes, situación que incluso desequilibra el desarrollo de la paz social del país, afirmó la legisladora, al destacar que con su propuesta espera que las instituciones y operadores de justicia pasen de la inacción a dar respuestas para que los casos sean denunciados y los responsables sancionados.
Comentó que lejos de ello, hoy las víctimas están expuestas a la revictimización, por no contar con jueces especializados en violencia sexual. “Los operadores de justicia no están especializados en género, por lo que difícilmente pueden ir trabajando de manera precisa y efectiva en esta situación”, insistió.
Reiteró que se busca una justicia más ágil y sensible, priorizado el bienestar de las víctimas y un proceso legal adecuado para evitar la impunidad, a la vez informó que según datos del Consejo de la Judicatura (CJ) en 2023 hubo 105 víctimas de femicidio, el 98 % de los casos está en trámite, el 2 % tiene sentencia y solo en cinco casos hay sentencia condenatoria.
De su lado, el legislador Camilo Salinas expresó que su proyecto de reformas al Código de la Función Judicial está orientado a garantizar la evaluación periódica de los jueces y funcionarios judiciales, para evitar enriquecimiento ilícito o el incremento injustificado de su patrimonio, como ha ocurrido en los casos Purga o Metástasis.
Para ello, propone que el CJ evalúe al menos una vez cada dos años a todos los funcionarios de la administración de justicia, a través del análisis de su patrimonio que incluirá gastos de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Además, el Consejo tendrá acceso a las declaraciones patrimoniales ingresadas a la Contraloría y podrá solicitar información a otras instituciones relacionadas.
También prevé que, en caso de formularse cargos dentro de un proceso judicial en contra de algún funcionario, se iniciará de inmediato una evaluación integral a más de la investigación sobre posible enriquecimiento ilícito, a la vez afirmó que el proyecto está orientado a garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.
Lucía Posso manifestó que su propuesta tiene como objetivo fundamental dotar de las garantías y seguridad que requieren jueces y fiscales, para administrar justicia de manera eficiente y efectiva y, con ello, garantizar la imparcialidad de los jueces y recuperar la Función Judicial, hoy venida a menos.
Recordó que la Corte Constitucional, mediante sentencia, destacó la necesidad de garantizar la seguridad de las partes procesales y de los operadores de justicia. Vivimos un conflicto armado interno, en el que jueces y fiscales están expuestos a homicidios e intimidaciones o a ser cooptados por la delincuencia organizada, situación que espera corregir con su proyecto.
Por último, Diego Matovelle manifestó que su proyecto pretende garantizar justicia paritaria e igualdad sustantiva en los concursos de oposición y méritos, para ingresar a la Función Judicial, así como en los procesos de ascenso y promoción.
Reiteró que la reforma busca el acceso a la Función Judicial en condiciones de igualdad, y equidad, para lo que avala la participación equitativa de hombres y mujeres, como una respuesta a las demandas sociales, para logar un sociedad más justa e inclusiva.
Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Fernando Cedeño resaltó que la mesa avanza en la socialización y estudio de proyectos que buscan, entre otros aspectos, procesos de depuración de la Función Judicial y al mismo tiempo medidas de control y protección a los operadores de justicia, en pro de la seguridad integral que demanda el país.
