Informe para primer debate sobre ley para combatir el conflicto armado interno va al Pleno

Ene 25, 2024

Con 5 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el Informe para primer debate del proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.

La propuesta establece un impuesto del 5 % a las utilidades de las sociedades que al 2022 hubieren presentado un incremento del 50 % o más, de sus utilidades antes de la participación laboral, en comparación con las del período fiscal 2021. Se excluye del impuesto a las micro y pequeñas empresas.

Así también, se plantea un impuesto que va del 15 al 25 % de las utilidades de los bancos que han tenido una utilidad neta anual, superior a diez millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2022 o 2023.

Finalmente, establece el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 13 %; y temporalmente durante los años 2024, 2025 y 2026 el IVA será del 15 %.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión subrayó que “la mesa legislativa ha llevado un debate de altura que ha permitido acoger ocho de las diez propuestas presentadas por las distintas bancadas legislativas”.

Agregó que el Presidente de la República, Daniel Noboa tiene apertura para analizar la subida del Impuesto a la Salida de Divisas, extender el plazo de explotación del ITT, la focalización de subsidios, el reperfilamiento de la deuda interna y externa; entre otras medidas para obtener recursos que permitan financiar la guerra contra el crimen organizado.

Debate de la mesa legislativa

El incremento del IVA generó preocupación entre los legisladores Blasco Luna, Katiuska Miranda, Lenin Lara y Jorge Acaiturri quienes aseguran que esta decisión podría contraer la economía del país y profundizar la crisis económica de los hogares ecuatorianos.

De su lado, los asambleístas Steven Ordóñez, Karina Subía, Nicole Saca, Valentina Centeno y Pedro Velasco resaltaron que es una decisión dura, pero necesaria para financiar la dotación de implementos, armamento e insumos a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que al momento enfrentan este conflicto armado interno en desventaja. La norma prevé destinar una parte de la recaudación al desarrollo e implementación de programas sociales, educativos y sanitarios necesarios para restablecer el tejido social del Ecuador.


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