La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que agrupa 43 iniciativas legislativas presentadas por las diversas bancadas y que contribuyen a la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.
Son más de 50 temas que se trataron en la comisión a lo largo de 10 sesiones, con la participación de más de 30 organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil y académicos, que aportaron en el análisis y construcción de este proyecto normativo.
La herramienta legal cuenta con 86 artículos, 1 disposición general, 4 transitorias, 4 reformatorias y 1 final, con las que se reforma el sistema procesal, se eliminan beneficios penitenciarios en delitos graves como el femicidio; se agregan delitos a los catalogados como imprescriptibles, se modifican 24 tipos penales, en los que se aumentan las penas y las circunstancias agravantes y, se tipifican 2 nuevos delitos: la propagación intencional de enfermedades infecto-contagiosas y el feminicidio.
Se aumentaron las penas en delitos como sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de migrantes, violación de derechos humanos, reclutamiento de menores para bandas delictivas, entre otros.
Esto obedece a la necesidad de crear políticas de seguridad y normas que sean proporcionales a la situación de criminalidad que atraviesa el país, estableciendo reformas que garanticen la protección de todos los ciudadanos.
El presidente de esta mesa legislativa, Fernando Cedeño señaló que la comisión siempre trabajará por el cumplimiento del derecho a vivir en una cultura de paz, por la seguridad integral, la lucha contra la corrupción y la prevención de todo tipo de violencias.
De su lado, la legisladora Viviana Veloz dijo que la inclusión del feminicidio, como nuevo tipo penal, pone al Ecuador en la vanguardia, para salvaguardar la vida de las mujeres ecuatorianas, pues castiga con pena privativa de la libertad y destitución a los servidores públicos que nieguen o retarden auxilio preventivo, o la sanción del delito de femicidio.
El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea puesto a consideración del Pleno del Legislativo.
